
El gobierno y sus allegados la presentarán como un triunfo de Pedro Castillo y una derrota de la oposición, pero la resolución aprobada por la OEA no cambia en lo sustantivo el proceso de un presidente que enfrenta una sólida, por bien documentada, denuncia de la fiscalía de ser un ladrón.
Lo que aprobó ayer el consejo permanente, en base a una propuesta de la diplomacia peruana, fue un respaldo al gobierno, un llamado a todos los sectores a respetar la democracia y a dialogar, y el envío de una misión a que elabore un informe sobre la situación.
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Lo que sí se evidencia en lo ocurrido es un cambio por el que un gobierno usualmente caracterizado por la chambonada haya sido capaz de actuar, en este caso, con estrategia y sagacidad, para obtener esta resolución –que era lo único que podía hacer la OEA, pues era impensable que la rechazara– que le otorga un poco de oxígeno que necesita con urgencia, y que le permite ganar un poco de tiempo, pero que no altera el fondo del proceso de la denuncia de la fiscalía, ni el deterioro económico en marcha, lo cual afecta a Castillo. Ayer, por ejemplo, Fitch redujo la calificación del Perú por la turbulencia política.
Este logro –orientado a sobrevivir más antes que a gobernar mejor– ha sido posible gracias a la participación de un equipo de embajadores, constitucionalistas y políticos, siendo lo más meritorio que se consiguió en base a un planteamiento sustentado en una sarta de mentiras que pretende transformar una denuncia legítima a un presidente con gran promiscuidad por la corrupción, en la invención de un golpe de estado sin duda inexistente.
La resolución es, en este sentido, un ‘faenón’, pero al estilo de los recordados ‘petroaudios’, pues fue obtenido gracias al embuste y el engaño, y que consiguió, además, que no mencione absolutamente nada sobre la corrupción en el gobierno de Castillo, lo que se entiende, sin embargo, por el sólido compromiso con la corrupción de varios gobiernos de la OEA.
Asimismo, la resolución de la OEA es un ‘faenón’ por llamar a un diálogo que el gobierno dice querer, pero que petardea cotidianamente con las actitudes de Castillo que son lesivas a instituciones fundamentales de la democracia, como la libertad de expresión.





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