Ni mal menor ni fiesta democrática, por Indira Huilca

En esta columna lamenté a inicios de año que las candidaturas a la alcaldía metropolitana expresaran un interés revanchista tras las elecciones de 2021. Y es que con tres candidatos a la presidencia —Rafael López Aliaga, Daniel Urresti y George Forsyth— reciclados como aspirantes a alcalde de Lima, no era desacertado señalar que el gobierno metropolitano representa para muchos un “premio consuelo”, y en el peor de los casos, un “trampolín” para no perder vigencia.

Tal valoración se quedó corta. Sin ningún optimismo, de la campaña en Lima esperábamos ofertas de obras innecesarias y soluciones inadecuadas a los urgentes y graves retos de una ciudad que con sus diez millones de habitantes concentra un tercio de la población nacional. Lo que hemos visto estuvo incluso por debajo de esa expectativa. La poca información sobre el proceso electoral giró en torno a los candidatos “conocidos”, a su lugar en las encuestas, a sus pobres declaraciones sobre el gobierno central o a las deudas, procesos judiciales y denuncias que acumulan.

En la última semana, el deleznable comportamiento del candidato Gonzalo Alegría tras la gravísima denuncia en su contra, no es solo un ejemplo del indignante nivel de la campaña electoral, sino del deterioro de la discusión pública y de la irresponsabilidad con la que los medios de comunicación y los partidos tratan un asunto tan delicado como la violencia psicológica y sexual intrafamiliar. Además de ello, la situación de Alegría y Juntos por el Perú muestra hasta dónde puede descender el uso y abuso de marcas partidarias con fines puramente electorales, cuando se descartan los procedimientos de democracia interna y se saltan los filtros mínimos para presentar ante la ciudadanía candidatas y candidatos probos. Al respecto, no olvidemos que el Congreso modificó los plazos de inscripción, facilitando aún más las aventuras de última hora, y suspendió además la obligación de primarias abiertas y el plazo mínimo de afiliación de un año al que debían sujetarse las y los candidatos.

Los debates públicos, la revisión de planes o la firma de pactos electorales, que antes daban un mínimo de orden al escenario, han pasado ahora de la pura formalidad al mero simulacro. Lo mismo ocurre con el vínculo entre las y los candidatos y sus partidos, en especial los que tienen presencia en el Legislativo. Ofende al sentido común que los candidatos favoritos digan que de ganar la alcaldía, “garantizan” que “sus” bancadas presentarán proyectos de ley para dar cumplimiento a sus mediocres ofertas en temas de ayuda social o seguridad (dar armas al serenazgo, llenar de patrulleros las calles y de delincuentes las cárceles). ¿Acaso no se sabe que ninguna iniciativa para Lima ha tenido lugar en la agenda parlamentaria de los partidos nacionales? A cambio, durante el año último abundaron en el Congreso mociones de vacancia y comisiones “investigadoras”, sin resultado alguno.

En breve llega a su fin una campaña lamentable, en la que poco o nada se dijo acerca de las urgencias e intereses de la ciudadanía, en un contexto en el que la necesaria recuperación económica continúa trabada por la enorme desigualdad que hace de nuestra capital la mayor expresión del “sálvese quien pueda”. Ante ello, a nivel metropolitano solo nos queda elegir a quien consideremos menos peligroso para el ejercicio de nuestros derechos; a nivel local, tenemos aún unos días para considerar aquellas candidaturas a alcaldías y regidurías que expresen iniciativas vecinales y activismos comunitarios, pues las mismas han sido invisibilizadas no solo por una prensa dada al espectáculo y a la superficialidad, sino por el pobre desempeño de sus partidos y candidatos metropolitanos.