Defensores del ambiente en riesgo

Con la negativa del Congreso de dar luz verde al Acuerdo de Escazú, se ha perdido una gran oportunidad para frenar los crímenes contra los defensores ambientales y líderes sociales que están siendo diezmados por los guardianes de operaciones ilegales como narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, etc.

La República reporta el asesinato a mansalva de 29 protectores de sus entornos. De ellos, 19 eran indígenas y solo uno de estos crímenes ha sido investigado y sancionado. En el resto solo silencio e impunidad.

Escazú es el primer tratado de derechos humanos sobre el medioambiente en América Latina y el Caribe. Trata de extender un marco legal de protección para las personas y comunidades afectadas por la contaminación y los impactos negativos de las industrias extractivas. En momentos que se están produciendo ataques sin nombre contra los defensores del medioambiente y sus territorios, este acuerdo busca garantizar la vida y la libertad de los afectados por las crisis interconectadas del clima, la biodiversidad y la contaminación.

Entre los países firmantes están Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y recientemente Chile, entre otros. El Perú, pese a haber sido uno de los más activos en la etapa de negociación, no ha ratificado el acuerdo, por negativa del Congreso.

Se trata de contar con una herramienta de gran utilidad para poner en contexto la protección de los defensores ambientales, que en estos casos judiciales son tratados como causas comunes y particulares, sin que se valore la conexión con el origen del enfrentamiento, vinculado al daño ecológico y a la defensa del territorio. También se evitaría la criminalización de las acciones legítimas de los indígenas en defensa de su hábitat. Bagua sería un ejemplo a tomarse en cuenta y el Acuerdo de Escazú puede ser una opción para evitar que una masacre así se repita.

Un documental de Daniel Yovera, para Epicentro, narra la magnitud del daño ecológico provocado por una trasnacional de palma aceitera, que sin ningún permiso ambiental depredó 10 mil hectáreas de bosque amazónico. Diez años después, el crimen ecológico sigue impune.

En este contexto de ilegalidad y prepotencia, las medidas urgentes que se deben adoptar para proteger ciudadanos y territorios son inaplazables.