La política de la destrucción

Durante la pandemia, hubiese sido vital contar con un primer nivel de atención que brindara cuidado temprano a los pacientes COVID-19 —oxígeno, monitoreo de signos vitales— y que, a la par, amortiguara la demanda para que no colapse el nivel hospitalario. Un primer nivel fuerte asegura menos casos graves —porque resuelve oportunamente—, y garantiza que los casos simples no consuman recursos del nivel hospitalario.

Sin embargo, la gestión del ministro de Salud, Hernán Condori, parece estar empeñada en destruir lo poco que se ha avanzado en esa línea en estos dos años de pandemia. Así, se ha mandado a desmontar los centros de atención temporal (CAT) en ocho regiones. Esto más o menos implica mil camas, que si bien pueden no ser necesarias ahora para la pandemia, sí lo son para otras enfermedades. Antes de la emergencia sanitaria, la brecha estimada de camas era de 40,000.

Añadiré dos cifras más sobre la situación de la infraestructura. Según el Ministerio de Salud, el 97% de establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención tiene capacidad instalada inadecuada: infraestructura precaria y equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Además, solo el 42% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención —ahora sí incluidos los privados— funciona al menos 12 horas al día. En regiones como Áncash o Amazonas, este porcentaje es menor al 20%. Y uno de cada dos establecimientos del primer nivel no tiene médico.

Lo que está haciendo la administración actual es destruir valor. Esas camas, ya establecidas en los CAT, deben ser usadas para demandas de salud y mantenerse en caso se presente una nueva ola de contagios de COVID-19, como viene ya sucediendo en Australia y en varios países de Europa.

Otra pata fundamental del primer nivel de atención es contar con personal adecuado. ¿Y qué estamos viendo? En el caso de las brigadas de vacunación, se han reportado denuncias de reducción de su personal, lo que es consistente con la desaceleración observada del ritmo de la vacunación pediátrica contra la COVID-19.

En esta línea, la exjefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, sostuvo que el ritmo de vacunación continúa en descenso: de 210.000 dosis por día entre enero y febrero, se ha bajado a 138.000 por día en marzo. Esta desaceleración es mayor en la aplicación de terceras dosis, cuyo promedio diario ha caído de 111.383 a 56.012; es decir, una reducción del 50%. Y ese es el indicador a evaluar ahora: la tercera dosis. Esto mientras el exministro de Salud, Óscar Ugarte, advierte que a fines de marzo están por vencer poco más de dos millones de vacunas. Imperdonable.

Las brigadas de vacunación se podrían utilizar para las otras vacunaciones en las que estamos tan atrasados, o también capacitar a estos profesionales para otro tipo de trabajo de salud que se pueda necesitar. Pero claramente desactivarlas no es la ruta a seguir (si lo que se quiere es reforzar lo avanzado, claro). Además de infraestructura y recurso humano, se necesita implementar (como lo hemos repetido hasta el cansancio), la historia clínica electrónica. Infelizmente, el presupuesto 2022 del sector salud y las capacidades de gestión están muy por debajo de lo que se requiere para construir las capacidades en el primer nivel de atención, seguir enfrentando la emergencia sanitaria, y hacerles frente a las otras enfermedades (cáncer, diabetes, tuberculosis, entre otras) que no nos dan tregua.

¿Por dónde empezar? Pues por adscribir a la gente a un establecimiento de salud donde vayan para resolver sus problemas de salud. Así, no solo el ciudadano tiene un lugar asignado cerca de su hogar, sino el prestador tiene una población definida que cuidar. Lo que se está haciendo es exactamente lo opuesto.

¿Qué más toca hacer? Establecer las necesidades de salud de la población en el territorio, identificar la oferta disponible con un censo de oferta, ordenar y repotenciar los establecimientos de salud del primer nivel según el contexto territorial, velar por que los médicos cumplan jornadas de 150 horas al mes, implementar un sistema de información interconectado, retomar el pago por horas adicionales... La tarea es ardua. En lugar de andar haciendo señalamientos a gestiones pasadas, bien haría la actual administración en ponerse a trabajar. De lo contrario, su ineficiencia empezará a sentirla la gente muy pronto.

Janice Seinfeld

Fundadora y presidenta del Directorio de Videnza Consultores