La mancha

Nuestro país atraviesa el peor desastre de petróleo de su historia. Una densa marea negra se arrastra desde Ancón a más allá de Chancay, un millón 739 mil metros cuadrados que no dejan de aumentar o, lo que es lo mismo, el equivalente a 250 mil galones de crudo que degradan al ecosistema, intoxican y matan a los mamíferos y aves que lo habitan, atentan contra a la biomasa y, por tanto, contra la actividad de los pescadores artesanales.

Además de generar una oleada de indignación, el dramático episodio ha servido para retratar cómo está funcionando el Perú. Como es sabido, el episodio ocurrió cuando un barco bombeaba petróleo hacia la refinería La Pampilla y fue sacudido por el tsunami ocasionado por la explosión de un volcán en Tonga.

Desde ese momento, la empresa Repsol, responsable de la operación, decidió comportarse de espaldas a la realidad. Rechazó rotundamente su responsabilidad (algo que, según la Ley del Ambiente, es un hecho objetivo), evitó ofrecer las mínimas explicaciones sobre el episodio, retrasó hasta la desesperación su plan de contingencia y, finalmente, arrinconado por la opinión pública, ofreció entregar canastas a las familias afectadas y contratar a los pescadores artesanales en las labores de limpieza del litoral (una verdadera burla).

Hasta ahora, nadie responde a las preguntas más elementales: ¿por qué se siguió bombeando petróleo luego del destrabe entre el barco y la boya de La Pampilla? ¿Por qué presentó un informe del impacto que afirmaba que solo se había vertido siete galones de petróleo y el área afectada era de 18 mil kilómetros cuadrados? ¿Tiene un plan de contingencia? ¿Por qué ha tardado tanto en aplicarlo? ¿Así se comporta una empresa transnacional moderna, con altos estándares de responsabilidad y funcionamiento?

Que Repsol sea la responsable de esta catástrofe no impide que se señale las faltas de otros actores, como la Marina peruana —la única que no alertó del tsunami en las costas del Pacífico americano, lo que se tradujo en el derrame y en dos muertes— y la Municipalidad de Lima —que no ha asumido el liderazgo ni la vocería de las necesidades de su comuna, y se ha limitado a efectuar inspecciones oculares en el lugar— y, finalmente, del Gobierno.

Este se encuentra representado por Rubén Ramírez, ministro del Ambiente, una persona desbordada por la crisis, que claramente no reúne los requisitos mínimos para asumir su cartera y está cercado por las acusaciones de contratar indebidamente a partidarios de Perú Libre en su sector. Es por casos como este que se exige una carrera pública meritocrática en el Perú.

Mientras todos se señalan y dicen “yo no fui”, la mancha de petróleo se sigue extendiendo, contamina, mata.