La imputación

La decisión de la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, quien ha dispuesto que al presidente Pedro Castillo se le investigue por las licitaciones con el Estado ganadas por empresas vinculadas a Karelim López y Samir Abudayeh — en el caso Petroperú— y por el manejo opaco de los ascensos militares, abre una nueva caja china en este relato de confusiones palmarias, torpezas infantiles, intrigas a lo John Kennedy Tooley desorientación que ese lactual gobierno. No era difícil suponer que si por propia iniciativa se ha sumido en un vertiginoso torbellino de escandaletes —a razón de uno por día, según las últimas contabilidades—, mostrándose permanentemente desbordado e incapaz de gestionar el país, ahora que los problemas le llueven también desde fuera, comenzaría a hacer agua por todos los flancos.

Así ha sido, en efecto, con una defensa insólita, en la que se han combinado las eminencias grises de Eduardo Pachas, abogado presidencial, y, sobre todo, del deslenguado ministro de Justicia, Aníbal Torres. Claramente coordinados, ambos han lanzado una arremetida violenta y desembozada en contra del procurador general Daniel Soria, quien, en cumplimiento de sus funciones, denunció al presidente ante la Fiscalía de la Nación.

Es bastante descarado que Pachas exigiera la expulsión de Soria y, solo un rato después, su pedido fue raecogido por el ministro de Justicia, quien salió a la prensa a decir que el nombramiento del procurador estaba en evaluación, en lo que es un obvio intento de amedrentamiento, además de un abuso de poder.

La mayoría de especialistas con los que he consultado coinciden en que los casos contra el presidente Castillo todavía no han sido perfeccionados, es decir, adolecen de elementos de convicción. Pero, como suele ocurrir, con su estrategia prepotente y malera, Pachas y Torres parecen decididos a empeorar la situación de Pedro Castillo, enredándolo más en su telaraña de acusaciones y corruptelas. Primero porque dejan la impresión de que el presidente sí tiene cosas que ocultar y es capaz de cualquier cosa para hacerlo. Y segundo porque, para afrontar estos casos, se muestran decididos a cometer toda clase de infracciones colaterales, que ameritarían nuevas investigaciones y, casi con toda seguridad, sanciones.

Más allá de las consecuencias penales de la decisión de Zoraida Ávalos —mínimos si no fuera por las barrabasadas de sus abogados—, el presidente debería concentrarse en sus efectos políticos. La fiscal de la nación abrió investigación contra Castillo por considerar que «existen suficientes indicios», desde sus reuniones clandestinas en Breña y Palacio de Gobierno hasta sus manejos de los ascensos militares con la combinación del exsecretario de palacio Bruno Pacheco. Si esto no es combustible para que se lance un nuevo proceso de vacancia, sí lo será para profundizar la inestabilidad, el caos y la falta de liderazgo que estamos viviendo.