Vacancia y lucha ideológica

El proceso de vacancia contra el presidente Pedro Castillo tiene varias lecturas. La primera es tan simple como cierta: se trata de una maniobra golpista. Sus impulsores parlamentarios, financieros y mediáticos se trazaron como objetivo remover del poder al profesor no desde el primer día de su mandato, sino desde el momento mismo en que se confirmó la tendencia electoral que terminó por poner en Palacio a la izquierda, luego de tres décadas de dominio neoliberal. El intento en curso de forzar la salida del presidente (y acto seguido, de su vicepresidenta) puede servirnos para formular un perfil rápido de las fuerzas políticas enfrentadas, así como un apunte acerca del trasfondo de esta confrontación.

De un lado, tenemos un gobierno débil, elegido por su promesa de cambios, pero que no logra aún estabilizarse y consolidar la confianza de sus electores, mucho menos generar un escenario en el que su oferta de producir una nueva Constitución sea viable. Por el contrario, el respaldo inicial que convocó se ha ido diluyendo al ritmo de varios pasos en falso, empezando por el errático primer gabinete y una seguidilla de nombramientos torpes, a lo que se ha sumado la revelación a cuentagotas de vínculos entre el entorno presidencial y actores depredadores del Estado que pasan de un gobierno a otro buscando y promoviendo beneficios indebidos.

Por otro lado, entre quienes abiertamente juegan la carta golpista –firmantes de la moción que esperan poner a debate– y quienes especulan con ella sin comprometerse demasiado en los procedimientos pero esperando sacar alguna ventaja, lo que tenemos es una combinación de personajes que perdieron las elecciones y partidos políticos con dueño que usan sus votos en el Parlamento únicamente como método para negociar con el Ejecutivo, sin una agenda legislativa que pueda diferenciarse de la mera gestión de intereses privados.

Así, en ningún caso podemos hablar de un ánimo fiscalizador: la oposición no está comprometida con sacar adelante comisiones investigadoras ni citaciones relevantes en función de esclarecer la acción del Gobierno. En verdad, no hay ningún interés en usar los mecanismos de control político disponibles a los congresistas, que los hay y no son pocos. Este Congreso, quizá de manera más dramática que los precedentes, se ve reducido así a un remedo de coliseo romano donde todo se decide bajando el pulgar. No está demás recordar que el uso del escenario parlamentario para destituir a los mandatarios elegidos en urnas es una ruta que se viene usando en la región como una manera de voltear resultados electorales y cortar de raíz cualquier atisbo de cambio en el orden político y económico. Por esta vía, las derechas latinoamericanas han producido o repuesto poderes de facto, con una pátina de institucionalidad.

Por ello, llama la atención que diversos comentaristas de la política insistan en que el impulso a la destitución de Castillo no tiene como trasfondo un componente de lucha ideológica. Quizá les confunde el hecho de que la actual operación vacancia tenga como rostro a la chimpunera Patricia Chirinos, más representativa de la política menuda que de la “gran cruzada democrática” en la que la derecha y el gran empresariado desplegaron toda su maquinaria corporativa, legal y comunicacional para bloquear el triunfo de Castillo. Más allá de las apariencias, lo que tenemos es un ataque no solo contra un presidente de raíz popular, sino contra la viabilidad de un gobierno de izquierda, un golpe motivado por una coalición de clase que busca retomar las riendas del Estado, tal como intentaron hace poco más de un año al colocar a Merino. En esa medida, se trata de un ataque artero contra la democracia.