Se paga el diésel, sigue la extorsión, por Mirko Lauer

Un subsidio en metálico para el transporte público suena muy bien. A primera vista parece una medida para reducir el precio del boleto para los pasajeros. Pero eso no está en la agenda, al menos no de manera directa. Se trata más bien de impedir que ese boleto suba al compás de las alzas en el precio de los combustibles. S/ 105 millones no parece una suma suficiente.

¿Han cambiado los tiempos? Hace no tantos meses los transportistas paraban reclamando más eficacia de Dina Boluarte frente a los ataques y asesinatos que venían sufriendo por el camino. Ahora es el precio del crudo, que se come parte de sus ganancias, y los obligaría a subir los precios del boleto. La inseguridad sigue, pero ha pasado a segundo lugar.

El subsidio al combustible es por tres meses, en vista de que los precios fluctúan según cómo vaya la cosa en el estrecho de Ormuz. En ese plazo no se va a arreglar lo económico ni lo criminal, pero podría dar al gobierno tiempo para ensayar algunas soluciones frente a lo segundo. El plazo cruza la línea de los clásicos 100 días de balance al gobierno.

El problema de Keiko Fujimori no es solo con los transportistas. El crimen mantiene sus sombrías cifras por todas partes. Es cierto que son pocos días de Fuerza Popular en el gobierno; pero unas cuantas ideas nuevas sobre el asunto harían la diferencia. Sacar al general PNP Óscar Arriola es una de ellas, pero no basta.

La seguridad en el transporte no se va a resolver colocando a los pasajeros en medio de una balacera, si fuera el caso. Comienza por neutralizar la corrupción en la PNP, paso previo a la penetración en la gran familia criminal dedicada a ese ramo. En esto los interrogatorios al hampón valen oro para el orden transportista.

¿Qué piensan choferes y propietarios? No están sonando muy contentos. La cifra es modesta. El plazo es corto. El problema de fondo está en otra parte. De modo que no es descartable que los paros reaparezcan y el subsidio se prolongue. Distraerlos con dinero no es una manera lícita ni eficaz de ir arreglando el asunto de las muertes de choferes.