Políticas de salud basadas en evidencia

En esta pandemia hemos visto que muchas decisiones no estuvieron basadas en evidencias. De hecho, cuando se presentó un estudio que no encontraba beneficios de la hidroxicloroquina e ivermectina para el manejo de la COVID-19, la respuesta, lejos de considerar la evidencia para reformular sus decisiones, fue despedir a la directora del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud y a investigadores involucrados en el estudio a finales del 2020.

Ante nuestro limitado presupuesto, es necesario sopesar los beneficios potenciales y la inversión de cada decisión; dado que invertir en una intervención sin evidencia podría quitarle recursos a otra que sí funciona (p. ej. ivermectina frente a oxígeno).

Hace 30 años, Gordon Guyatt, investigador canadiense, acuñó por primera vez el término “medicina basada en evidencias”. Desde ahí ha sido acogido por diferentes campos de la salud y lo que busca es tomar la decisión más adecuada para el usuario/paciente a partir de (a) la mejor evidencia científica disponible, (b) las preferencias del usuario y (c) la experiencia del decisor.

Para evaluar y sintetizar la mejor evidencia disponible que responda a las necesidades de política existe en el Estado, la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP) del Instituto Nacional de Salud (INS) y el IETSI de EsSalud, que deberían ser más consultados y escuchados.

Además, el Decreto Legislativo 1504 del 11 de mayo del 2020 relacionado al fortalecimiento del INS dispuso la creación del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS), que entre sus funciones tiene la de traducir el conocimiento para hacerlo accesible a diferentes actores para su uso en políticas, programas e intervenciones en salud.

La necesidad del CETS es evidente; ha pasado más de año y medio y se requiere que el Minsa priorice su implementación.