Los conflictos heredados

Víctor Caballero Martin (*)

Siempre, al inicio de una gestión de gobierno, la prueba inicial de su capacidad de conducir el país se presenta cuando estalla un conflicto social. No es un conflicto inventado. Resulta que las nuevas gestiones heredan procesos de diálogo iniciados, acuerdos firmados, compromisos de ejecución de proyectos, cambios de normas administrativas, y todo aquello que ha sido motivo de protestas de las poblaciones. Existe, por tanto, el temor lógico que las nuevas autoridades no reconozcan compromisos, o, simplemente, tengan una política diferente a los procesos de diálogo iniciados. Y la mejor forma de exigir la atención de las nuevas autoridades es mediante el conflicto.

La actual conflictividad social en el Perú podemos considerarla como de alto riesgo. No es solo por el considerable número de conflictos activos que registra la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM (SGSD-PCM), sino también porque prácticamente se encuentran en todo el país, afectan actividades económicas fundamentales y pueden generar crisis de gobernabilidad. De enero a julio del 2021, la SGSD-PCM tiene registrado 205 conflictos sociales activos, cifra que corresponde al acumulado del semestre pasado, aunque debemos considerar que el reporte semanal de la SGSD registra en promedio 70 conflictos activos.

Cabe precisar que los conflictos estallan no precisamente por una mala gestión o por un desconocimiento de los actores sociales. Existen otras motivaciones que requieren ser debidamente analizadas precisamente para mejorar la intervención del Ejecutivo, autoridades regionales o de las empresas privadas involucradas en el conflicto.

Ensayemos algunas hipótesis que pueden permitirnos entender la conflictividad social actual:

1. Todos los conflictos sociales en el Perú buscan una salida. No son conflictos de ruptura del orden político, sino de un intento de cambio de las relaciones existentes. Esos cambios que reclama la población, al ser planteados en los espacios de diálogo evidencian el interés que tienen los líderes sociales de producir transformaciones políticas vía esos espacios constituidos.

2. El problema, en ese aspecto, son las limitaciones que han tenido las mesas de diálogo, las comisiones multisectoriales en establecer compromisos firmes, respetados por las partes, para concretar con los compromisos establecidos en las actas de negociación. En ese aspecto, hay dos problemas que hay que considerar:

a) Que los compromisos que se adquieren en las mesas de diálogo y en las actas de compromiso que se firman, tienen a la base la introducción de cambios políticos, y hasta constitucionales. Mientras esto no se produzcan o realicen, la continuidad de los conflictos está garantizada;

b) Las transferencias económicas que aprueba el Ejecutivo, si bien atienden la demanda de la ejecución de obras, no obstante, el interés concreto y simple de muchos de los movilizados es la transferencia directa de la renta minera o de gas hacia los pobladores. Eso obliga necesariamente no solo a un cambio de la ley del canon minero, sino a los impedimentos que tiene el Estado de transferir recursos a la población por fuera de lo establecido en los programas sociales de transferencia directa a las poblaciones de bajos ingresos.

No hay duda de que, a la base del conflicto social hay demandas insatisfechas, desconfianza en los compromisos de las autoridades, la no inclusión de otros actores; y a todo ello, debemos incluir otra: la búsqueda permanente de que en la negociación del conflicto exista un intento de entablar una relación de igualdad entre los actores sociales y las autoridades del gobierno.

(*) Sociólogo. Exjefe de la Oficina de Diálogo de la PCM. Investigador sobre Conflictos Sociales y Negociación.