Transición, emergencia y crisis

Cuando cayó el gobierno de Manuel Merino en medio de la repulsa nacional, algunos pensaron que se entraba a una nueva transición política. El nuevo gabinete compuesto por gente joven y presidido por una mujer así parecía confirmarlo. Incluso el gobierno se autonombró gobierno de transición y de emergencia, acaso porque era consciente a lo que se enfrentaba. Y en eso la realidad no lo ha desmentido. Tres ministros del Interior en pocos días, bloqueos de carreteras al sur y al norte por trabajadores de las agroexportadoras que han dejado un muerto y varios heridos, enfrentamientos en Las Bambas y otros centros mineros, aprobación por el Congreso de leyes que no estaban en el guion del gobierno, son ejemplos que nos dicen que estamos más ante un gobierno de emergencia que uno de transición.

Por eso creo que no estamos ni hemos vuelto a la coyuntura del año dos mil, que tuvo como momentos estelares la caída del gobierno de Alberto Fujimori y la llegada a la presidencia de Valentín Paniagua. Para comenzar habría que decir que una transición política implica un cambio del régimen, es decir, pasar de un régimen autoritario que es al mismo tiempo una dictadura, como lo fue el fujimorismo, a un régimen democrático. El gobierno de Paniagua tenía como soporte no solo una opinión pública a favor y una mayoría en el Congreso, sino que también era producto de un largo proceso de lucha que duró varios años y en el cual la sociedad civil, los jóvenes y los partidos tuvieron un papel importante.

Como afirma Vicente Palermo, las transiciones son procesos que contienen un doble movimiento: de un lado, el de cambio de régimen (de uno autoritario a otro civil democrático) y, por el otro, de cambio de las reglas que organizan la actividad política, económica, judicial y estatal.

Para Palermo, la consolidación democrática, que es el proceso que sigue y que al mismo tiempo es simultáneo con la transición, puede ser pensada “convencionalmente como la culminación de un proceso de cambio de régimen desde un autoritarismo de cuño militar” a otro democrático; pero también puede ser concebida “como un proceso más amplio y profundo, que supondría una ruptura definitiva con patrones de interacción políticos presentes desde muchas décadas atrás en nuestros países independiente de la vigencia o no de las instituciones representativas” (1).

Como sabemos, después de Paniagua, las reglas que organizaron la política, la economía, la actividad judicial y estatal no cambiaron; tampoco hubo una ruptura con los viejos patrones de interacción entre los partidos y la sociedad. El resultado fue una democracia corrupta y corruptora, partidos que no se constituyeron en una clase política, una economía que no cambió y un Estrado que no administraba justicia y que se volvió socialmente más ineficiente.

Que este gobierno, antes que de transición es más bien de emergencia, es consecuencia de una crisis desarrollada a lo largo de estas décadas. No me parece extraño, por ello, que las dificultades que enfrenta sean más producto de las circunstancias y no solo de sus propios errores como la fallida reforma policial. No cuenta con una mayoría en el Congreso, tampoco con una coalición de partidos legitimados que lo sostenga y sí con una oposición compuesta principalmente por oportunistas, ultraconservadores, corruptos y mafias económicas. Lo que tiene más bien es el apoyo de una calle cuya direccionalidad política está determinada más por sus propias demandas que hoy están embalsadas y menos por su interés en sostener al gobierno.

Estamos al final de un proceso que nos muestra que vivimos una crisis estructural, es decir, un momento en el cual la capacidad y los mecanismos de reproducción de la vida política, económica, social, judicial y estatal de un país están trabados. En este contexto, la pandemia visibilizó esta crisis y que una segunda ola de la misma podría ser el puntillazo final a un cuerpo en descomposición.