Vergonzosa mayoría

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo en contra del Congreso de la República por el proceso de vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra. Cuatro de este tribunal decidieron no delimitar las interpretaciones de la “incapacidad moral permanente” como causal para destituir a un jefe de Estado, dejando abierta la posibilidad de que este u otro Parlamento aplique al presidente de la República −incluido el actual− la borrosa disposición con la que se produjo el golpe legislativo el pasado 9 de noviembre.

La improcedencia de la demanda significa que los cuatro magistrados han decidido no resolver sobre el fondo del caso, porque Vizcarra ya fue destituido. Para los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda hubo una “sustracción de la materia”, es decir que los hechos se habían consumado.

La decisión, en términos procedimentales, es un grave error. El mismo TC había señalado en otras sentencias que el principio de la sustracción de la materia no se aplicaba a los conflictos de competencia, a razón de que el TC debe velar por la unidad del Estado y no puede evitar resolver una diferencia de fondo.

En la perspectiva constitucional, la mayoría del TC ha hecho más que una omisión. Ha incumplido sus funciones que lo obligan a comportarse como intérprete de la Constitución, rol que también ha desatendido, y como garante de la Constitución y de la verdad constitucional. Ha dejado en el aire a la figura más decisiva de nuestro régimen político y jurídico, negándose a administrar justicia.

Las explicaciones de esta decisión son vergonzosas. Una de ellas señala que es conveniente que la figura de la incapacidad moral no sea clara porque eso permite que el Congreso esté a cargo de ejercer su uso. Este argumento suena como un reconocimiento de corrección de la vacancia del 9 de noviembre y de las otras mociones en los últimos años.

La decisión del TC es igualmente lamentable porque evidencia que los problemas de diseño de las relaciones entre los poderes no pueden resolverse, como es lo deseable en democracia, mediante el arbitraje razonable, e indica el agotamiento del TC como organismo crucial de nuestro sistema político.