La OEA y el Tribunal Constitucional

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento categórico sobre la crisis peruana ocasionada por el golpe de Estado parlamentario. La OEA no aplica esa calificación a la destitución de Martín Vizcarra, pero afirma con rotundidad cuáles son los estándares democráticos del hemisferio establecidos en tratados y pactos de los que el Perú es signatario.

La OEA no ha reconocido formalmente a Manuel Merino, al que ni nombra en el texto. No se da por notificada de que hubo en el Perú una supuesta sucesión constitucional como aquí sostienen la mayoría golpista y sus personeros políticos. En el lenguaje de las relaciones diplomáticas, y guardando las formas que le son inherentes, es un recordatorio de que la consumación de los hechos puede carecer de legalidad y legitimidad. En cambio, le pide al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre las decisiones adoptadas por el Congreso, en alusión a la vacancia misma y a la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo en setiembre pasado respecto a la “permanente incapacidad moral”, que el TC de modo irresponsable se ha negado a debatir.

El TC ha dejado las cosas a medias. Incumpliendo los principios de la interpretación constitucional, que exige oportunidad, claridad y un enorme sentido de realismo, este organismo ha contribuido a una virtual parálisis constitucional del país. En una agregación de esta conducta, ha programado para dentro de una semana la vista de esta delicada causa, con reprobable cálculo respecto a la disminución de la demanda democrática ciudadana.

El TC adopta una posición antinatural. En lugar de presentar soluciones, nos presenta problemas. El organismo llamado a cerrar controversias se ha transformado en un grupo de cálculo y colaborador de la incertidumbre. Es vergonzoso que sean la OEA y luego el presidente de otro país, Colombia, quienes les recuerden sus funciones.

En tanto, la soledad internacional de Merino se iguala al aislamiento interno. Salvo Chile y Uruguay, su presidencia solo motiva silencio y cuidado. Como en 1992, cuando el golpe del 5 de abril, y el año 2000, cuando la ilegal reelección, la comunidad democrática de la región observa críticamente los desarreglos de nuestra democracia.