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Opinión

¿Por qué no usar el voto electrónico en las elecciones?

"El secreto del voto es un derecho fundamental en democracia. El mantener el secreto del voto y el resultado de la voluntad popular es una obligación de todos los actores políticos y de las autoridades involucrados en dichos procesos".

¿Por qué no usar el voto electrónico en las elecciones?
¿Por qué no usar el voto electrónico en las elecciones?

“Todos los ciudadanos deben ser jueces en todos o por lo menos en casi todos los asuntos, en los más interesantes y más graves, como las cuentas del Estado y los negocios puramente políticos; y también en los convenios particulares (..)”.

Aristóteles, Política, Libro Séptimo, Capítulo 1.

Todo sistema informático es proclive a tener fallas de seguridad. Por un lado es hecho por personas que pueden fallar o sabotear un sistema, pero aun sin las personas que desarrollan los sistemas, terceros pueden acceder a la misma.

El proceso electoral no solo es el acto de la votación (y su preparación y equipamiento), sino la transmisión de los datos, el conteo y la consolidación de los mismos, siendo que todos esos procesos son vulnerables, aun realizando las mejores medidas técnicas, tal como se ha demostrado con el retroceso a votar en papel en diversos países, con las demostraciones de cómo han sido alterados procesos electorales con afectaciones foráneas a estos procesos. Sin contar los casos de Venezuela y Bolivia, el primero denunciado por la misma compañía que desarrolló el software, y el segundo demostrado con el informe de la OEA.

La inconstitucionalidad del voto electrónico decretada en Alemania hasta que un ciudadano cualquiera de a pie pueda auditar libremente y públicamente el software es más que manifiesta, en la medida que a diferencia de otros procesos no es la confidencialidad, sino el secreto lo que se protege.

No debemos olvidar que la tecnología no es una herramienta mágica, sino que requiere de cuidado y supervisión, más aún cuando a diferencia de sistemas de papel (que también es una tecnología) requieren de menor costo para vulnerarse; un sistema en papel también es vulnerable, pero la logística y costo del mismo, así como los instrumentos de veeduría por parte de cualquier ciudadano (y claro está de organismos de sociedad civil y partidos políticos) es de mayor eficiencia que un sistema, que basta una persona conectada en cualquier parte del mundo para alterar un proceso electoral (aun aquellos que puedan haber sido adecuadamente auditados).

Es pues importante no solo colocar las llaves de seguridad (con auditorías publicas y a código abierto de todo el proceso), sino tener clara conciencia de todos los espacios donde puede ser vulnerada la voluntad popular, y aquí también incluimos la incidencia de manipulación de voto mediante instrumentos tipo Cambridge Analytica, tal como ha sido denunciado para USA y Reino Unido (con el Brexit).

En estos momentos parte del debate de la Comisión de Constitución está enfocado en la posibilidad de incorporar un voto electrónico no presencial, argumentando que se usaría para mantener el distanciamiento social. Lo cierto es que durante estos meses desde República Dominicana hasta Serbia han realizado procesos electorales con una vieja tecnología: papel. Tecnología segura en la medida que cualquier individuo la puede auditar. Hacen mal los que buscan, de cualquier manera y a cualquier costo, tratar de implementar un sistema de voto electrónico que no ha sido auditado pública y libremente.

Si con todas las críticas internacionales, que incluyen a diversas entidades como Transparencia Internacional, en diversos países, provenientes de personas que somos cercanas a la tecnología, pero no ciegos a las fallas en su utilización incorrecta, las entidades responsables no toman una decisión de no continuar hasta no tener auditorías públicas y abiertas a cualquier ciudadano, el resultado que obtengan estará teñido de una duda permanente.

El secreto del voto es un derecho fundamental en democracia. El mantener el secreto del voto y el resultado de la voluntad popular es una obligación de todos los actores políticos y de las autoridades involucrados en dichos procesos.

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