Por un nuevo contrato social

La pandemia desnudó las profundas brechas sociales y desigualdades en casi todo el mundo, incluido el Perú, quebrando el contrato social vigente en muchos sentidos y ámbitos.

La rotura del contrato social –el acuerdo formal o implícito en una sociedad entre estado y ciudadanos–, con la particularidad de cada lugar, se discute hoy con frecuencia y coincidencias como entre Pepe Mujica y Obama.

También en el Perú, donde el virus hizo estallar la grieta social. La ministra María Antonieta Alva señaló en este diario: “El Perú no puede estar entre los primeros en manejo macroeconómico y entre los últimos en institucionalidad y calidad de los servicios públicos”.

El tema es el argumento principal del valioso libro Ciudadanos sin República de Alberto Vergara, publicado hace siete años, y se sigue discutiendo con intensidad, como en la interesante mesa redonda de la semana pasada en el CIES entre Roxana Barrantes, Waldo Mendoza y Miguel Castilla.

Esta modesta columna también ha hecho notar varias veces el progreso peruano de las últimas tres décadas que transformó el país y permitió que muchas familias salieran de la pobreza, con una macroeconomía potente lograda, sin embargo, con un gran equilibrio fiscal pero junto con un profundo desequilibrio social expresado en servicios públicos de salud, educación, seguridad y justicia en escombros.

Hoy el país tiene recursos suficientes acumulados, como pocos en la región, para enfrentar esta grave crisis, pero que no alcanzarán para cubrir el desmadre social causado por la pandemia, pues el monstruo es gigante, aunque nos hubiera ido mucho mejor si nos hubiera encontrado, por ejemplo, con una salud pública decente.

No hay duda de que se requiere un nuevo contrato social; las diferencias comprensibles están en cómo hacerlo.

En ese proceso será bueno no ceder a la demagogia de culpar al ‘modelo económico’, pues este sí generó recursos suficientes para construir servicios públicos de calidad para la población.

Dinero hubo –y hay–; el problema fue de voluntades y planes de mediano alcance, de corrupción, de debilidades de gestión y de falta de convicción para construir un estado con capacidad de hacerlo a nivel nacional y para todos.