Prisiones preventivas y corrupción

Por: Carlos Rivera Paz

Sostener que los defensores de derechos humanos enaltecen la prisión preventiva que se dicta contra investigados vinculados a Fuerza Popular y el Apra y que ello ataca los cimientos del sistema de justicia y cubre de hipocresía la lucha contra la corrupción –como ha sostenido el periodista Uceda en este medio– es una afirmación tan incoherente como inconsistente.

En el Perú el escándalo del caso Lava Jato no solo ha dado cuenta de la presencia de una corrupción sistemática y multimillonaria, sino también que casi toda la clase política estuvo abierta y activamente comprometida y que para ocultar sus crímenes utilizó todos los mecanismos del poder. Por eso es que siempre se consideraron intocables, y por eso, inclusive las investigaciones del Ministerio Público eran parte de una pantomima bien armada para limpiar a los (políticos) poderosos.

Es eso lo que está cambiando en los últimos tres años. Cuando nos referimos a la corrupción, el problema no son las prisiones preventivas, sino el que nos habíamos acostumbrado a la impunidad y nos habían impuesto una dinámica política en la que la justicia no pasaba de ser un adorno inservible.

En ningún lado la lucha contra la corrupción debe ser medida por la cantidad de prisiones preventivas que se dictan a los investigados. En el Perú tampoco. La verdadera medición pasa por dos elementos fundamentales: por un lado saber si tenemos un sistema de justicia –y sobre todo fiscales– dispuestos a investigar y enfrentar a los corruptos y sus estrategias de defensa, y por otro, el avance real de las investigaciones. Es esto lo que ha cambiado en relación al pasado inmediato. Ahora tenemos un Equipo Especial y las investigaciones –todas complejas– han avanzado sustancialmente y frente a ello los investigados –sobre todo los de FP y el Apra– han desplegado una agresiva estrategia dirigida a demoler y truncar ese esfuerzo institucional que nunca antes se había producido en el país.

En ese contexto, las prisiones preventivas son instrumentos procesales que la ley regula claramente, frente a necesidades concretas. Y que en casos como Lava Jato o Cuellos Blancos han sido absolutamente indispensables para garantizar el avance de las investigaciones. Aquí podemos hacer una lista de personajes –como Toledo, Humala, García, Villarán, Castañeda, Fujimori, Hinostroza y varios más provenientes de muchas organizaciones políticas– en cuyos casos la fiscalía logró acreditar con solvencia la existencia de peligros procesales dirigidos esencialmente a perturbar o malograr su labor de investigación.

El periodista Uceda dice que una de las verdades macizas del caso Fujimori es que las imputaciones están fundamentadas. Por supuesto que están fundamentadas, pero justamente han logrado estarlo como resultado de que se puso en evidencia que, como consecuencia del avance de las investigaciones, había dado inicio a un plan de compra y amenaza de testigos con el objetivo de que cambien la versión de los hechos, lo cual no solo acredita la existencia de un peligro procesal, sino también de que ella es parte central de una organización criminal, algo que en es te tipo de casos no puede ser dejado de lado porque resulta esencial para cualquier valoración seria del caso. Pero también la utilización de quien ocupaba el cargo de fiscal de la Nación da cuenta de la capacidad de instrumentalización del poder sin ningún tipo de límites. Ahora esa persona permanece en la Junta de Fiscales Supremos.

Entonces, siendo esta la dimensión del problema, lo que corresponde es analizarlo con seriedad y objetividad.