
Desde su elección oficial el pasado 18 de mayo, León XIV ha iniciado su papado con decisiones que, en algunos casos, remiten claramente a su predecesor, el papa Francisco I, mientras que en otros aspectos se apartan de las políticas del anterior pontífice.
Por ejemplo, ha restituido una antigua costumbre eliminada por Francisco I: la entrega de una gratificación económica a todo el personal de la Santa Sede con ocasión de la elección de un nuevo pontífice, práctica que se remonta a cinco siglos atrás.
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Gracias a esta restitución, cada trabajadora y trabajador recibirá 500 euros adicionales en la próxima nómina, lo que representa un desembolso total de aproximadamente 2,5 millones de euros, equivalentes a más de 10 millones de soles. Esta decisión ha sido bien recibida por el personal vaticano.
El anuncio fue difundido el día previo a la reunión del pontífice con personal y autoridades de la Gobernación del Vaticano. Este gesto ha sido considerado como una forma de recuperar tradiciones que habían sido suspendidas y como una muestra del compromiso del nuevo líder religioso con los derechos laborales.
La elección del nombre León XIV también posee un valor simbólico, ya que remite a León XIII, el primer papa en incorporar las problemáticas sociales derivadas de la situación laboral de las y los obreros en el contexto de la Revolución Industrial. En su encíclica ‘Rerum Novarum’, publicada en 1891, León XIII sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, proponiendo una visión renovada de la justicia social y de los derechos de las y los trabajadores.
La suspensión de esta gratificación fue una medida tomada por el papa Francisco en 2021 como parte de un paquete de reformas orientadas a combatir la corrupción en el Vaticano. Aunque León XIV ha derogado el decreto que prohibía esta remuneración, ha mantenido otras disposiciones implementadas por su antecesor.
Estas incluyen la prohibición de tener activos en paraísos fiscales y la restricción para recibir regalos cuyo valor supere los 40 euros por parte de altos funcionarios, incluidos los cardenales. También se mantiene la reducción del 10% en los salarios de los cardenales y de quienes ocupan cargos altos, como jefes de dicasterios y vicedirectores con contratos ejecutivos.
Estas personas deben firmar una declaración al asumir sus funciones y renovarla cada dos años en la que certifiquen no estar involucradas en procesos penales, no poseer propiedades ni ingresos de origen ilícito, y no contar con antecedentes penales ni haber sido beneficiarias de indultos.

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