España se prepara para prohibir esterilizaciones forzadas de mujeres con discapacidad
Solo en 2016, se llevaron a cabo 146 esterilizaciones forzadas en el país europeo, lo cual supone una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.
Esta semana, la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados en España aprobó por unanimidad el informe elaborado sobre la proyecto de ley que busca prohibir la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad.
Actualmente, el artículo 156 del Código Penal de España señala que la esterilización a personas con discapacidad es legal. “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento”, se lee en el texto.
Esta práctica nociva afecta principalmente a las mujeres y supone una vulneración de los derechos reproductivos. Por ello, la iniciativa propuesta por las organizaciones Cermi Mujeres y Cermi Estatal pretende eliminar ese texto y castigar a quienes cometan este delito.
Desde hace más de una década, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige que los países pongan fin a prácticas discriminatorias que vulneren los derechos de esta comunidad. Sin embargo, en el país europeo se continúan realizando esterilizaciones forzosas que ya han afectado a un millar de mujeres.
“Es indignante que aún se permita”, denunció la diputada española Sara Giménez.
Esterilizaciones forzosas en España
Para la presidenta de la Confederación Española de Personas con discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Marta Valencia Betrán, “una esterilización forzosa es todo tipo de esterilización que se haga, ya sea permanente o temporal, sin información y sin consentimiento”.
En ese sentido, se trata de un tipo de violencia “mucho más invisibilizada, asumida y normalizada”, según informó EFE. Esto se debe, como explica Valencia, que muchas mujeres no saben que han sido esterilizadas cuando se les aplica inyecciones o parches sin su consentimiento.
Solo en 2016, se llevaron a cabo 140 esterilizaciones no consentidas en España, de acuerdo a datos oficiales de Cermi. Asimismo, entre 2005 y 2013 se realizaron 865 intervenciones.