Aborto por violación sexual: un derecho que continúa sin ser legal en el Perú
Desde hace casi 100 años no ha cambiado la normativa sobre el aborto en Perú: la única causal aceptada, el aborto terapéutico, continúa con trabas en su aplicación. Las víctimas de violación sexual aún siguen desamparadas ante un Estado que le niega sus derechos.
“Perú, país de violadores" es una de las frases que podría representar muy bien la cultura de violencia contra las mujeres que existe en el país. No es para menos. Las cifras de denuncias sobre violación sexual son alarmantes y tienen el rostro de niñas y adolescentes. En una cultura de desprecio hacia el cuerpo, la dignidad y la vida de las mujeres, muchas mueren o son forzadas a una maternidad no deseada.
Despenalizar el aborto por violación sexual debería ser el mínimo reconocimiento de un Estado hacia las víctimas que han sufrido este tipo de violencia, como lo indican diversos estudios. La única causal aceptada para la irrupción del embarazo en nuestro país es la terapéutico, que se aplica cuando está en riesgo la salud o vida de la gestante. Una norma que no ha cambiado desde 1924.
Cultura de violación
Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), solo en 2019, la institución registró aproximadamente 7.200 casos de violación sexual en todo el país. Cifras similares se reportaron en los años anteriores, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dentro de las cuales el mayor porcentaje de ataques correspondía a menores de edad: 4.872 en 2017 y 5.055 en 2018.
Pese a tener uno de los más altos índices de violación sexual en la región, el país cuenta con uno de los marcos legales más precarios para atender a las víctimas de este tipo de violencia. Las leyes y normas sobre el tema son limitadas, no están aplicadas en su totalidad o funcionan en el papel. En la práctica, a las víctimas se les sigue negando sus derechos al no recibir los Kits de Emergencia, no acceder al Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) y no tener un aborto legal y seguro.
En una sociedad donde el machismo y la misoginia están institucionalizados, la violencia sexual se normaliza y justifica. Se culpa o se cuestiona a las víctimas y se vulneran constantemente sus derechos. Con cifras registradas tan alarmantes, prevenir, atender y sancionar correctamente este tipo de violencia es deber del Estado.
Una deuda pendiente
Jennie Dador, abogada especialista en género y derechos humanos, explica que en términos jurídicos no debería existir una penalización del aborto por violación sexual. Sin embargo, como comenta, hay sesgos en el debate público. “Es un tema que tiene que darse por lo menos en esa causal, es imposible e impensable que se condene a una víctima de violación a tener un embarazo forzado y luego una maternidad impuesta para el resto de tu vida”, reflexiona la especialista.
Según indican diversos estudios, las mujeres que se convierten en madres producto de una violación son más propensas a caer en la pobreza y malnutrición; estigma y discriminación; y problemas de salud. Una situación más complicada es para las niñas y adolescentes, pues se les obliga a ser mamás sin estar preparadas física ni psicológicamente para criar a otro menor de edad, además de paralizar sus proyectos personales de vida.
En este último caso, un recurso a favor de las menores es que un embarazo a corta edad implica en sí mismo un riesgo para su salud, incluso uno de vida. Por lo tanto, como explicó Brenda Álvarez, abogada especialista en violencia sexual, para las niñas y adolescentes, se podría considerar la irrupción del embarazo a través del artículo 119 del Código Penal. Sin embargo, tal como está reglamentada la actual guía técnica de aborto terapéutico (2014), no es muy fácil acceder a esta práctica.
Como comenta Dador, hay una sobrerregulación del protocolo: una junta médica debe validar el proceso y decidir si la gestante puede acceder o no a la interrupción de su embarazo. “Es súper engorroso y hay que dar muchas vueltas, entonces entre que llegas y te dicen si calificas, el tiempo ha avanzado demasiado y ese aborto terapéutico solo es hasta la semana 22”, detalla la especialista. Asimismo, no se contempla una guía de acción especializada para las menores de edad.
En América del Sur, ocho países han despenalizado el aborto por violación sexual en su totalidad o bajo ciertos criterios: Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, México, Bolivia, Brasil y Ecuador. En Perú, el debate ni siquiera se asoma en lo político.
A favor de la despenalización del aborto
Según la encuesta Miradas Globales sobre el Aborto, realizada por Ipsos Global y publicada en agosto de 2020, el 53% de los participantes en el país indicó estar a favor de la despenalización del aborto bajo alguna causal, sobre todo aquella vinculada a los casos de violación sexual. Del total de encuestados, el 32% estuvo de acuerdo con permitir la interrupción del embarazo por este tipo de violencia.
De acuerdo al libro El aborto clandestino en el Perú de Delicia Ferrando, publicado en 2006, se estima que en el país se realizan 371.420 abortos clandestinos al año, es decir, más de 1.000 abortos al día. De igual manera, una encuesta del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), publicada en 2019, evidencia que el 19% de mujeres peruanas, entre los 18 y 49 años de edad, han realizado un aborto en algún momento de su vida, sin importar el nivel socioeconómico, educativo o grupo etario.
Despenalización en manos del Estado
En 2011, a raíz del caso L.C. vs. Perú, el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres (Cedaw) determinó que el Estado peruano debía revisar su legislación para despenalizar el aborto cuando tenga como causa el abuso sexual o violación. Hasta la fecha, sin embargo, ese cambio no se ha dado.
Para Brenda Álvarez, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud (Minsa), solo aprobó la guía técnica de aborto terapéutico, pero no tuvo otra incidencia sobre el tema. “El Ejecutivo tampoco ha cumplido con un proyecto de ley planteando la despenalización del aborto porque no son necesariamente temas en el que quieran entrar, involucrarse”, acota.
Por su parte, desde el Legislativo tampoco es que se haya avanzado mucho tras la desestimación de la iniciativa ciudadana Déjala Decidir. El último proyecto de ley se remonta al 2016 cuando un grupo de congresistas junto a diversas organizaciones civiles plantearon al disuelto Congreso una nueva propuesta para despenalizar el aborto por violación. Sin embargo, aún esta ni siquiera está agendada en la Comisión de la Mujer y tampoco ninguna bancada ha solicitado retomarla.
Permitir el aborto a las víctimas de violación sexual debe ser el mínimo reconocimiento del Estado peruano hacia las mujeres. Reconocer sus derechos, darles la opción de decidir y no forzarlas a un embarazo no deseado es permitir que las niñas, adolescentes y mujeres continúen sus proyectos de vida, como menciona Álvarez.
“Se necesita voluntad política (...) para poder mover este tema, porque no se aborda como un tema de derecho, sino como un tema de controversia y este enfoque es absolutamente lamentable porque cuando estamos hablando de aborto, de interrupciones inseguras del embarazo, estamos hablando de vidas”, enfatiza la abogada feminista.
Han pasado nueve años de aquel pedido del Cedaw al Estado peruano y cuatro años desde la presentación del proyecto de ley al Legislativo; sin embargo, nuestros representantes estatales aún no conversan sobre el tema. Considerar a las mujeres como sujetos libres de derecho es reconocer sus decisiones personales; y despenalizar el aborto para las víctimas de violación sexual, una deuda pendiente.