Aborto legal en Perú: una deuda aún más urgente durante la pandemia
Al día, más de 1.000 mujeres y disidencias abortan de forma insegura en el país. A pesar de que el aborto terapéutico es legal desde 1924, es un derecho que durante la cuarentena se negó. Colectivos feministas registran alza de llamadas y más trabas para que las peruanas decidan sobre sus cuerpos.
Por Diana Bueno y Gloria Purizaca
Pese a que el aborto en el Perú está penalizado por el Estado y criminalizado por la sociedad, se calcula que cada año ocurren 371.420 de estos procedimientos, de acuerdo a un estudio elaborado por la antropóloga Delicia Ferrando en 2006. Es decir, cada día más de 1.000 mujeres y disidencias deciden interrumpir su embarazo en centros médicos clandestinos.
Esta realidad se ha agravado durante el estado de emergencia dispuesto por la pandemia de la COVID-19, pues la salud sexual y reproductiva no son una prioridad para el Estado, como lo han alertado diversos expertos.
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Por ello, diferentes colectivos feministas, que acompañan a mujeres que quieren abortar y/o brindan información otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para llevar a cabo un aborto seguro, coinciden en que se ha registrado un considerable incremento en las consultas para interrumpir los embarazos durante el estado de emergencia.
Desprotegidas durante pandemia
Las medidas dispuestas tras la llegada del nuevo coronavirus afectaron la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva. Prueba de ello es que la cantidad de abortos terapéuticos se redujo considerablemente. Recordemos que este es el único procedimiento legal para interrumpir un embarazo en el país. Rige desde 1924 y ha sido un derecho negado en reiteradas ocasiones.
En el primer semestre del año, el Instituto Nacional Materno Perinatal atendió solo 26 casos de abortos terapéuticos, en contraste a los 98 asistidos durante el año pasado.
“Si antes de la pandemia era muy complicado que las mujeres puedan conseguir información y servicios sobre el aborto terapéutico, (ahora estos) se nos ha negado totalmente. Ya ni siquiera es posible acceder. Han obligado a las mujeres a ir por la ruta clandestina, provocando muchas situaciones de enfermedad o de muerte”, puntualiza Guadalupe Torres, coordinadora de la organización Decido Yo.
Por otro lado, un reciente estudio elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Perú estima que, como consecuencia de la crisis sanitaria, más de 119.000 mujeres peruanas interrumpirán el uso de anticonceptivos.
Estas alarmantes cifras desencadenarán otras problemáticas. Según el informe, del total de quienes dejen de tomar los métodos anticonceptivos, se calcula que habrá más de 15.000 embarazos no deseados y más de 7.000 abortos.
A esto se suma el incremento de embarazos no deseados producto de violaciones sexuales ocurridas durante la cuarentena, dispuesta entre el 16 de marzo y el 30 de junio. Muchas peruanas se vieron obligadas a convivir con sus agresores bajo el mismo techo las 24 horas del día. De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), entre el 16 de marzo y 15 de julio, se atendió al menos 900 casos de abuso sexual.
COVID-19: consultas por aborto en aumento
Ante ello, la Línea de Aborto Información Segura, primera iniciativa pública de difusión de información confiable y gratuita sobre aborto con medicamentos en el Perú, reveló a La República que las llamadas recibidas aumentaron en un 400% durante el estado de emergencia. Sus representantes atendieron más de 13.000 abortos en los últimos 10 años, tiempo que llevan funcionando.
línea para acceder a información segura de aborto
Por su parte, la colectiva feminista Serena Morena, cuyo objetivo es también brindar información segura y acompañar a quienes hayan decidido interrumpir su embarazo, nos confirmó que los mensajes de auxilio se incrementaron en un 50% tras la primera extensión de los primeros 15 días de la cuarentena obligatoria.
Asimismo, Decido Yo asistió en abril a 2063 usuarias, tres veces más de lo que solían atender mensualmente antes de la emergencia sanitaria. Esto ocasionó que su horario de atención se extendiera (8:00 a. m. - 8 p. m.) y contratara más personal.
En la misma línea, el colectivo feminista ESI para vivir señala que los acompañamientos a abortos se duplicaron a partir de mayo con respecto a los meses de enero, febrero y marzo.
Los problemas para realizar una interrupción segura del embarazo, que antes de la crisis sanitaria ya se experimentaban, se agravaron con la llegada de la pandemia.
Problemas para abortar durante la pandemia
El acceso a información y los escasos recursos económicos son las principales barreras que, desde antes de la pandemia, las mujeres enfrentan para acceder a un aborto seguro, además de la penalización, criminalización y clandestinidad.
“No todas cuentan con una red social y no podemos llegar a todas las mujeres. Otro problema es el acceso a las pastillas, que cuestan un promedio de 120 a 150 soles y no todas pueden costear ese monto”, manifiesta Pamela Ortega del colectivo ESI para vivir.
Las activistas feministas aseguran que, además de las llamadas y solicitudes de acompañamiento recibidas en este periodo, tuvieron que aliviar “la desesperación y desolación" de las mujeres, causado por los problemas para acceder a “los servicios de ginecología y métodos de anticoncepción de emergencia”.
De acuerdo a testimonios recibidos por los colectivos, los abortos que se realizaron durante este periodo fueron a escondidas y en los mismos hogares de las mujeres, quienes muchas veces conviven con sus agresores, quedando expuestas a más violencia y sin contención y acompañamiento feminista.
“Algunas mujeres o adolescentes que buscan asesoría no han podido realizar el procedimiento. Muchas no tienen dónde realizarlo, tienen mucho miedo porque temen que las personas en sus casas se den cuenta", cuenta la activista.
Antes de la pandemia, el factor económico ya era una traba para muchas mujeres que no podían acceder a abortos seguros por falta de recursos económicos. Este fue uno de los problemas más fuertes que se presentaron, ya sea “para adquirir las pastillas, pagar los hostales donde se realizan el procedimiento o para acceder a las ecografías”.
En este punto coincide Milagros Olivera, activista en Serena Morena, quien además asevera que negocios ilegales se han aprovechado de la angustia de las mujeres para estafarlas con pastillas adulteradas y/o procedimientos totalmente inseguros para abortar.
“El lucro de quienes negocian con la angustia y necesidad de las mujeres se potenció y se vio protegida por el mismo Estado porque, al no despenalizar el aborto y no tener un comportamiento acorde a las urgencias de las mujeres y personas con capacidad de abortar, facilita este tipo de emprendimientos salvajes, ilegales, que son finalmente carnicerías”, explica.
Por otro lado, Olivera menciona que, tras la llegada del virus en Perú, el Gobierno dispuso que los médicos eligieran según sus propios criterios a qué mujeres diagnosticadas con coronavirus se les debía practicar el aborto terapéutico. Por eso, “muchas mujeres que estaban con COVID-19 no han podido acceder abortos seguros ni a abortos terapéuticos”.
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La situación del aborto terapéutico en el Perú
El aborto terapéutico en este país es el único procedimiento legal para interrumpir un embarazo. Se debe aplicar cuando esté en riesgo la salud o vida de la gestante. Sin embargo, pese a ser una ley con 96 años de vigencia y contar con una Guía Técnica elaborada por el Ministerio de Salud (Minsa) desde el 2014, son pocas las mujeres que logran acceder a este derecho.
A pesar de que el aborto es considerado un “derecho fundamental de la mujer a la igualdad, privacidad y salud física y mental”, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las leyes peruanas en torno al derecho a decidir no se modificaron desde 1924.
El último intento para despenalizar el aborto solo en casos de violación se registró en el 2016, cuando la ex congresista Indira Huilca del partido Nuevo Perú, presentó el Proyecto de Ley 387, que despenaliza el aborto por violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida y malformaciones incompatibles con la vida. Al igual que en otras ocasiones, esta propuesta quedó en el olvido.
La penalización, la criminalización y la clandestinidad del aborto llevan a que las mujeres queden expuestas a abortos inseguros. Estas prácticas pueden causar su muerte y dañar su salud física y mental.
aborto incompleto
Esa criminalización proviene principalmente del mismo personal de salud, ya que, cuando alguna paciente llega con síntomas de un aborto incompleto, son ellos mismos quienes se niegan a atenderlas y buscan denunciarlas ante las autoridades. Por ello, según un reportaje de Ojo Público, solo entre 2015 y 2018, la Fiscalía registró 961 denuncias por el delito denominado ‘autoaborto’, que es penado hasta con cinco años de cárcel, e hizo que 371 de ellas fueran llevadas a juicio.
La abogada Brenda Álvarez, especialista en temas de género y diversidad sexual, aclara que los establecimientos de salud deben de atender los abortos incompletos porque son emergencia obstétricas.
“Si una mujer se encuentra atravesando por un aborto incompleto tiene derecho a recibir atención de emergencia, atención oportuna y no condicionada a ningún tipo de denuncia o procedimiento administrativo para recibir atención", declara.
En nuestro contexto normativo, el aborto incompleto no constituye un delito en sí mismo. "En esa medida los establecimientos de salud deben garantizar, en primer orden, la atención de la salud porque finalmente esa es su finalidad: garantizar la salud de las mujeres”, enfatiza.
¿Qué dice la OMS sobre el aborto?
Para evitar los abortos inseguros, o los que la OMS define como “peligrosos”, dicha entidad elaboró en el 2003 una guía técnica y de políticas para sistemas de salud con el fin de proporcionar “prácticas recomendadas basadas en la evidencia para ofrecer atención para un aborto sin riesgos”.
Esta organización señala que las gestantes pueden interrumpir de forma segura el embarazo hasta la semana 12. Para la OMS, el aborto inseguro es un problema de salud pública, por lo que, para la abogada es importante “que se eliminen o disminuyan las incidencias” de estos. “Esto ha implicado, por ejemplo, la elaboración de guías de uso adecuado del Misoprostol y otro tipo de prácticas médicas”, agrega.
Álvarez asegura que el Estado peruano debe despenalizar y legalizar el aborto porque “es una deuda de derechos humanos que tienen con nosotras las mujeres”. “Para el Estado, aún no somos titulares absolutas de nuestro derecho a la autonomía sexual y reproductiva, lo que nos pone en una situación de subalternidad respecto a los hombres”, opina.
Igualmente, determina que la penalización del aborto constituye “una múltiple afectación a los derechos fundamentales” y, fuera de persuadir a las mujeres de interrumpir un embarazo, causa muchas muertes, miedos e impactos que, lamentablemente, las viven en mayor medida las mujeres, niñas y adolescentes más pobres.
Entre tanto, estés a favor o en contra, más peruanas seguirán muriendo por abortos inseguros, más niñas y adolescentes serán obligadas a ser madres tras sufrir una violación.
