México: feministas protestan en la CNDH ante demora para resolver casos de violencia de género
Ya no más. Activistas cansadas de las altas cifras de feminicidios se unieron a las familias de desaparecidos para tomar las instalaciones de la Comisión de DD. HH. de México.
México es uno de los países con el mayor número de feminicidios en América Latina. Solo en el mes de julio, 74 mujeres fueron asesinadas y la pandemia desató más casos de violencia de género. Empujadas por esto y porque hasta la fecha miles de familias aún buscan justicia, colectivas feministas y víctimas de agresiones mantuvieron la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que inició el último jueves 3 de septiembre.
“Estamos pidiendo una vida libre de violencia. Somos tantas las mujeres que hemos vivido violencia que estamos hartas. Hartas de no ser atendidas, de ser tratadas de limosneras. Queremos que nos vean”, explicó Yesenia Zamudio, una de las mujeres que manifiesta en el recinto, al diario El País.
Las activistas feministas decidieron acompañar en la toma luego de que la madre de una niña abusada sexualmente y la progenitora de un joven, que fue asesinado en la misma entidad en 2019, empezaron a protestar el jueves 3. Fue allí que todo comenzó.
Miembros de colectivos como Frente Nacional #NiUnaMenos y Aequus: Promoción y Defensa de Derechos Humanos realizaron pintas y quemaron algunos muebles de la entidad estatal como medida de presión para que se atiendan los casos de violencia de género.
Este 7 de septiembre, en su quinto día de toma en el interior del lugar, pudieron verse frases como “No perdonamos ni olvidamos” o “Estado feminicida”. Además, tampoco pudieron ingresar los trabajadores, ya que las colectivas feministas planean convertir al CNDH en un refugio para víctimas de violencia.
Entre las exigencias que se han planteado a la CNDH figuran el aumento del presupuesto para la Alerta de Violencia de Género a siete estados de México y la realización de una recomendación general a los operadores de justicias y entidades estatales en la que se reconozca públicamente la gravedad de la violencia machista y se ponga fin al discurso de descalificación al movimiento feminista.
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