Brasil continúa restringiendo acceso al aborto a mujeres víctimas de violación

Retroceso en el derecho a decidir de las mujeres. El viernes 28 de agosto, el Ministerio de Salud de Brasil publicó en el diario oficial una resolución que restringe los mecanismos de acceso al aborto que tenían las sobrevivientes de una violación sexual.

En la resolución emitida por el Gobierno de Jair Bolsonaro se indica que el personal médico deberá notificar a la Policía cuando una víctima de violación sexual solicite un aborto, así como ofrecer la opción de realizarse una ecografía para ver el embrión o feto, según el medio Deutsche Welle.

Esta resolución indica que se pretende “garantizar a los profesionales de la salud seguridad jurídica para realizar el procedimiento”. El documento también obliga a las mujeres a firmar un consentimiento sobre los riesgos y molestias que pueda generar la intervención.

Activistas feministas de dicho país se manifestaron en contra de esta resolución, pues consideran que estas medidas son una forma de desincentivar a las mujeres y niñas sobre la decisión que ellas ya tomaron de practicarse la interrupción del embarazo.

Brasil solo permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la mujer o anencefalia por defectos congénitos graves. Sin embargo, la gestión del Jair Bolsonaro cambió la normativa que liberaba a los médicos de avisar a la Policía del procedimiento, la cual fue implementada por el expresidente Lula Da Silva, para reintegrar estas medidas que revictimizan a las mujeres.

Las nuevas normas fueron aprobadas por el ministro de Salud interino, Eduardo Pazuello, general del Ejército en servicio activo. Estas fueron emitidas tras el caso de una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser violada en reiteradas ocasiones a lo largo de cuatro años por su tío de 33. Cuando llegó al hospital, grupos de antiderechos protestaron en las afueras, intentado impedir el aborto que la menor ya había decidido.

Asimismo, organizaciones que velan por las decisiones de las mujeres continúan exigiendo la legalización total del aborto, el cual ha sido señalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un derecho.