El presidente electo Donald Trump y Elon Musk buscan transformar el gobierno federal de Estados Unidos, prometiendo un enfoque más austero y eficiente. Con la ambición de recortar hasta US$ 2 billones en gastos, su propuesta genera tanto expectativas como escepticismo entre expertos y trabajadores federales.
El nuevo "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (DOGE) se plantea como un organismo que, aunque carece de poder directo para implementar cambios, podría influir en el presupuesto anual del presidente. Sin embargo, los detalles sobre su funcionamiento y la gestión de posibles conflictos de interés son aún inciertos.
Las declaraciones de Musk sobre el despilfarro gubernamental y la necesidad de vivir dentro de las posibilidades del país han suscitado reacciones diversas. Mientras algunos ven en sus propuestas una oportunidad para la reforma, otros advierten sobre las dificultades que podrían surgir en el camino hacia la eficiencia.
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Elon Musk ha manifestado que el gobierno está plagado de despilfarro y que es posible identificar áreas de recorte. En un foro reciente, afirmó: “Nosotros, como país, tenemos que vivir dentro de nuestras posibilidades”. Sin embargo, también reconoció que esto implicaría “dificultades temporales” antes de alcanzar una prosperidad a largo plazo.
Por su parte, Vivek Ramaswamy ha sido más específico en sus propuestas, sugiriendo la eliminación de hasta el 75% de la mano de obra federal. Esto incluye la reestructuración de departamentos clave como el de Educación y el FBI, lo que ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de tales medidas.
Expertos en presupuestos han cuestionado la posibilidad de recortar US$ 2 billones anuales, una cifra que supera el gasto total en defensa y educación. Larry Summers y Glenn Hubbard han expresado sus dudas sobre la factibilidad de tales recortes, y sugieren que proteger programas esenciales como la Seguridad Social y Medicare complicaría aún más la situación.
El director sénior de política presupuestaria federal, Bobby Kogan, ha señalado que alcanzar esa cifra requeriría recortes drásticos en todos los programas, lo que afectaría a millones de estadounidenses. “US$ 2 billones al año es una cifra tan absurdamente grande que resulta imposible”, afirmó Kogan, enfatizando la necesidad de un enfoque más realista.
La participación de Musk y Ramaswamy en el DOGE plantea preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, especialmente dado el impacto que las regulaciones gubernamentales pueden tener en sus negocios. Expertos legales advierten que la nueva iniciativa deberá cumplir con la Ley Federal de Comités Asesores (FACA), que exige transparencia y diversidad de opiniones en las comisiones.
La historia de comisiones anteriores bajo la administración de Trump, que enfrentaron litigios por falta de transparencia, sugiere que el DOGE podría enfrentar desafíos similares. “La idea de que uno puede simplemente dar a sus amigos ricos el poder de remodelar el Gobierno y hacerlo en secreto no funciona así”, comentó Harry Sandick, abogado involucrado en litigios relacionados con FACA.
Algunos partidarios del DOGE han comparado la iniciativa con la Comisión Grace, establecida por Ronald Reagan en 1982, que buscaba eliminar el despilfarro gubernamental. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones de esa comisión nunca se implementaron, lo que plantea dudas sobre la efectividad del nuevo departamento.
La historia sugiere que, aunque las intenciones de Musk y Ramaswamy puedan ser bien intencionadas, la implementación de sus propuestas podría enfrentar obstáculos significativos. La falta de poder directo para realizar cambios y la resistencia de los grupos afectados complican aún más la situación.