Juez de Nueva York aplaza decisión sobre condena contra Trump por el caso Stormy Daniels en Estados Unidos
Los abogados de Trump buscan desestimar el caso argumentando que afecta sus funciones como presidente electo. La defensa se basa en un fallo de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial.
Un juez de Nueva York ha decidido posponer una resolución clave en el caso contra el presidente electo Donald Trump, en el que se le acusa de pagar para ocultar información desfavorable. Esta decisión se produce mientras los abogados de Trump argumentan que el caso debería ser desestimado para permitirle asumir sus responsabilidades de gobierno. El juez Juan M. Merchan, quien inicialmente iba a resolver la solicitud de anular la condena debido a un fallo de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial, optó por retrasar el fallo hasta el 19 de noviembre para que los fiscales puedan ofrecer su perspectiva tras la reciente victoria electoral de Trump.
Los fiscales señalaron la necesidad de equilibrar los “intereses encontrados” entre el veredicto del jurado y la presidencia, según Matthew Colangelo, el fiscal del caso. Por su parte, el abogado de Trump, Emil Bove, afirmó que desestimar el caso evitaría obstáculos a la capacidad del presidente electo para gobernar. El equipo de Trump expresó su satisfacción con el retraso, argumentando que la victoria electoral de Trump demuestra que los ciudadanos desean un alto a la politización del sistema judicial. La condena actual de Trump se centra en la falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de US$130.000 a la actriz Stormy Daniels para que mantuviera silencio sobre una supuesta relación en 2016.
La condena penal de Trump fue la primera en la historia para un expresidente, dejando al hombre de 78 años ante la posibilidad de recibir una multa, libertad condicional o hasta cuatro años de prisión. Foto: Vox
Argumentos de ambas partes y la controversia en torno al caso
La defensa de Trump ha citado un fallo reciente de la Corte Suprema que protege a expresidentes de ser procesados por acciones realizadas en el curso de sus funciones presidenciales, incluyendo ciertos documentos y testimonios usados en el juicio. Los abogados del magnate sostienen que algunos elementos de prueba que se presentaron al jurado deberían haber sido excluidos bajo este criterio de inmunidad. Sin embargo, los fiscales aseguran que estos elementos representan solo una pequeña parte del caso y que el veredicto se basó principalmente en pruebas relacionadas con asuntos personales y financieros de Trump.
El contexto político y legal de la acusación
Este caso marca un hito, siendo la primera condena criminal para un expresidente en Estados Unidos. Trump enfrenta la posibilidad de una multa, libertad condicional o hasta cuatro años de cárcel. La disputa legal gira en torno a cómo el expresidente registró el reembolso de este pago, que fue gestionado inicialmente por su exabogado, Michael Cohen, y registrado como gastos legales. Los fiscales alegan que estos pagos estaban destinados a ocultar el verdadero propósito de la transacción y a proteger la imagen de Trump durante su primera campaña presidencial.
Trump, por su parte, sostiene que el pago a Daniels fue realizado para evitar posibles daños a su familia y que Cohen fue reembolsado legítimamente por servicios legales. Trump, quien era candidato cuando se efectuó el pago, firmó personalmente varios de los cheques una vez que ya se encontraba en la Casa Blanca. La defensa de Trump ha luchado durante meses para anular el veredicto, buscando además que el caso se traslade a un tribunal federal.
Otras investigaciones en curso contra Trump
Además de este caso, Trump enfrenta otros tres procesos judiciales en diferentes jurisdicciones. Uno de los más destacados es la investigación en torno a su presunta interferencia en las elecciones de 2020, además de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados. Se espera que el fiscal Jack Smith cierre ambos casos antes de que Trump asuma el cargo, dado que la política del Departamento de Justicia limita el procesamiento de presidentes en funciones. En Georgia, un caso de interferencia electoral también está en pausa mientras el equipo legal de Trump apela una decisión relacionada.
Con la presidencia de Trump nuevamente en puerta, los fiscales y la defensa se enfrentan al reto de equilibrar las exigencias de la justicia con las implicaciones políticas y constitucionales de un expresidente que retorna al poder.