En Texas, un cambio en la normativa ha generado atención en la comunidad de conductores. Las autoridades estatales han decidido aplicar medidas más estrictas para aquellos que no cumplen con ciertas responsabilidades legales, con el objetivo de garantizar un mayor cumplimiento de estas obligaciones.
La nueva disposición, establecida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), afecta a un amplio grupo de conductores y se ha implementado con el propósito de reforzar la responsabilidad social en el estado. Este ajuste legislativo representa un enfoque más riguroso por parte del gobierno, y su implementación ha provocado diversas reacciones entre los residentes.
El estado de Texas ha implementado estrictas sanciones para aquellos conductores que no cumplen con el pago de la manutención infantil. Según la ley texana, cualquier persona que deba más de tres meses de manutención corre el riesgo de que su licencia de conducir sea suspendida o incluso revocada.
Esta medida, que forma parte de una política de “tolerancia cero” para padres y madres sin custodia que incumplen sus obligaciones financieras, está regulada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) en colaboración con la Fiscalía General del estado.
Además de la suspensión de la licencia de conducir, Texas aplica otras sanciones que abarcan desde la revocación de licencias profesionales hasta el embargo de bienes. La suspensión del documento se convierte en un obstáculo significativo para quienes dependen del transporte para trabajar o cumplir con otras obligaciones, lo cual presiona a los deudores a ponerse al día con sus pagos.
La ley indica que los conductores que adeudan más de tres meses en pagos de manutención infantil enfrentarán la suspensión de su licencia de conducir. Esta medida no solo busca penalizar a los incumplidores, sino también incentivar el pago oportuno.
Según el Código Familiar de Texas, la suspensión es inmediata una vez que se documenta la falta de cumplimiento de las obligaciones de manutención, lo cual puede ser solicitado tanto por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) como por la Fiscalía General del estado.
Los deudores que no cumplan con su obligación también pueden enfrentarse a retenciones en sus ingresos, embargos de bienes o incluso la denegación de pasaportes, lo que limita sus posibilidades de salir del país.