Los votantes de Arizona aprobaron una de las leyes migratorias más estrictas en Estados Unidos, que tipifica como delito cruzar irregularmente la frontera desde México. Con un 63% de respaldo, la Propuesta 314 otorga a la policía autoridad en asuntos migratorios, permitiendo el arresto de inmigrantes indocumentados y la aplicación de leyes federales a un amplio grupo de personas en situación irregular.
La nueva legislación no solo permite a las autoridades policiales actuar contra los inmigrantes, sino que también les otorga inmunidad ante demandas mientras implementan esta normativa. Además, los jueces estatales, en lugar de los jueces de inmigración, podrán emitir órdenes de deportación, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el debido proceso.
Arizona anunció estado de emrgencia en el 2022 por el aumento de inmigrantes. Foto: France 24.
La Propuesta 314 establece sanciones para los inmigrantes indocumentados que presenten documentación falsa para acceder a beneficios públicos o para conseguir empleo. Esta medida exige que las agencias gubernamentales verifiquen la información de los solicitantes mediante el sistema federal E-Verify, lo que podría agravar aún más la situación de muchos inmigrantes en el estado. Al depender de un sistema que valida tanto el estatus laboral como migratorio, numerosos individuos podrían enfrentarse a barreras adicionales, aumentando la incertidumbre y el riesgo de exclusión para aquellos que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La legislación también incluye sanciones más severas para aquellos involucrados en el tráfico de fentanilo, especialmente si se produce una muerte como resultado de este delito. No obstante, la medida ha sido objeto de críticas por parte de varios departamentos policiales en Arizona, que sostienen que, aunque su objetivo es abordar el problema de la inmigración indocumentada, no asigna los recursos financieros necesarios para su adecuada implementación.
La Propuesta 314 ha generado un clima de incertidumbre y temor entre la comunidad inmigrante, que ya enfrenta numerosos desafíos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que esta ley tendrá en la vida de miles de personas que buscan una mejor calidad de vida en Estados Unidos.