Julio Guzmán sobre eliminación de inmunidad: “La impunidad se acabó”

El candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán, se pronunció luego de que el Pleno del Parlamento aprobara este jueves en segunda instancia la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

A través de sus redes sociales, Guzmán reconoció el esfuerzo de los peruanos “por presionar para que esta reforma se lleve a cabo”. Además, resaltó el trabajo de la Bancada Morada por impulsar en el Parlamento esta ley, que contó con el respaldo de 103 legisladores.

“Después de muchos obstáculos, finalmente se aprobó eliminar la inmunidad parlamentaria. Mi reconocimiento a la ciudadanía por presionar para que esta reforma se lleve a cabo y a la bancada morada por impulsarla en el Congreso. La impunidad se acabó”, escribió.

Esta reforma precisa que será la Corte Suprema, y ya no el Congreso, la entidad que se encargue de procesar la comisión de delitos imputados contra cualquier legislador luego de una investigación realizada en el Ministerio Público.

El Parlamento ratificó la primera votación llevada a cabo el pasado 10 de diciembre cuando, con 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, los congresistas aprobaron modificar del artículo 93 de la Constitución Política del Perú.

Por otra parte, fueron 14 los legisladores que se mostraron en contra de la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Entre ellos están los fujimoristas Rita Ayasta de Díaz, Diethell Columbus, Guilbert Alonzo Fernández, Carlos Mesía, Mártires Lizana, Miguel Vivanco, Erwin Tito Ortega, Marcos Pichilingue, Gilmer Trujillo y María Luisa Silupu Inga.

También aparece la parlamentaria no agrupada Martha Chávez y el representante del Frepap Richard Rubio.

Seguidamente lo hicieron Manuel Merino (Acción Popular) y Edgar Alarcón (Unión por el Perú). Por otro lado, que el único que se abstuvo fue el legislador Carlos Veramendi, de Podemos Perú.

¿Qué es la inmunidad parlamentaria?

La inmunidad parlamentaria es la protección que tienen los congresistas para que no puedan ser procesados judicialmente ni apresados sin la autorización previa del Congreso de la República o de la Comisión Permanente (CP), desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Esta regla hace una excepción por delitos flagrantes, en cuyo caso son puestos a disposición del Parlamento o de la CP a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

Con la eliminación de esta figura jurídica dispuesta por el Pleno este jueves, la Corte Suprema de Justicia sería la entidad que procese a los parlamentarios por delitos de función y comunes. Asimismo, un juez penal ordinario será quien evalúe su situación por actos delictivos cometidos antes de llegar al cargo. La reforma deberá ratificarse en la siguiente legislatura.

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