CEPAL alerta: la desigualdad en América Latina es incompatible con el desarrollo y agrava la crisis social

La nueva edición del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la CEPAL vuelve a poner sobre la mesa el principal obstáculo para el progreso de la región: una desigualdad persistente, profunda y multidimensional, incompatible con un verdadero desarrollo social inclusivo.

El organismo destaca que, al mirar los últimos diez años, la desigualdad de ingresos en América Latina se mantiene sistemáticamente por encima de la registrada en los países de la OCDE. Y pese a algunos avances, la fractura sigue siendo abismal: el 10% más rico de la región ingresa más de 20 veces lo que recibe el 10% más pobre.

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Pero la desigualdad no es solo una brecha económica. “Erosiona la cohesión social y la estabilidad de los pactos sociales”, advierte la CEPAL, generando desconfianza en las instituciones, cuestionamiento a las políticas públicas y debilitamiento del apego democrático.

Aun así, el informe muestra una luz positiva: en 2024 tanto la pobreza monetaria como la multidimensional experimentaron una baja significativa, una mejora que convive con las enormes deudas estructurales que arrastra la región.

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La CEPAL enfatiza que la desigualdad es un fenómeno multidimensional que atraviesa todas las áreas que determinan el bienestar y que no puede entenderse —ni enfrentarse— mirando solo el ingreso. Por eso insiste en la necesidad urgente de mejorar y homogeneizar las fuentes de información, con el fin de medirla con mayor precisión y diseñar políticas realmente eficaces.

Raíces del problema

Para la CEPAL, la desigualdad en la región no es un accidente: surge de seis grandes causas estructurales: escaso crecimiento económico y baja productividad, empleos segmentados y remuneraciones muy desiguales, sistemas tributarios regresivos, políticas sociales y de protección insuficientes, sistemas educativos débiles y segmentados, desigualdad de género, y segregación y desigualdad territorial. 

De ellas la particularmente decisiva es el escaso crecimiento económico, que produce mercados laborales poco dinámicos, con altos niveles de informalidad y grandes disparidades de productividad y remuneraciones.

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La otra raíz crítica es la educación. Pese al avance en la escolarización, la región enfrenta una debilidad persistente de sus sistemas educativos y de formación profesional, al punto que estar en la escuela no garantiza adquirir los conocimientos necesarios para enfrentar el mundo actual.

La evidencia lo confirma: los resultados PISA muestran que los países de la OCDE casi triplican el desempeño promedio de América Latina y el Caribe, y que la desigualdad de oportunidades educativas es más del doble que en la OCDE.

Estas brechas educativas se combinan con un mercado laboral estrecho. La CEPAL señala que la región experimenta bajo crecimiento económico, escasa creación de empleo formal y una marcada heterogeneidad productiva, tres factores que limitan la capacidad de la educación para traducirse en movilidad social. La informalidad, además, reduce el efecto redistributivo de la educación, incluso cuando las personas logran completar más años de estudio.

Un ejemplo reciente de esta dinámica puede observarse en el Perú, donde el empleo ha mostrado señales de recuperación entre 2024 y 2025, pero sin resolver las brechas estructurales. La tasa de empleo formal alcanzó el 29,1% en mayo de 2024—tres puntos más que en 2022—, aunque más del 70% de la fuerza laboral sigue en la informalidad.

El Banco Central de Reserva registró 15 meses consecutivos de expansión del empleo impulsada por servicios, agro y comercio, sectores que suelen ofrecer trabajos temporales o precarios. Aunque el PBI mostraría un crecimiento de 3,1% en 2025, este ritmo sigue siendo insuficiente para absorber a los jóvenes e impulsar un cambio estructural, según especialistas laborales.

En línea con estas dinámicas, el profesor de ESAN y socio del Estudio Muñiz, César Puntriano, advierte que el Perú es “uno de los países más informales y de menor productividad de América Latina”, un factor que no solo limita el crecimiento, sino que también impide adoptar reformas que sí avanzan en países vecinos.

Mientras Chile, Colombia o México han reducido progresivamente sus jornadas laborales, Puntriano subraya que en el Perú “eso no es viable por la gran informalidad y la baja productividad”. Esta última es especialmente crítica: según datos de 2024, el país registra apenas US$12,55 por hora trabajada, muy por debajo de Panamá (US$45,81) y solo ligeramente por encima de Venezuela (US$11,54) o Ecuador (US$11,48).

A esta brecha productiva se suma otra inequidad estructural aún menos visible: la distribución funcional del ingreso. Según el laboralista Fernando Cuadros, en el Perú las empresas concentran alrededor del 60% de toda la riqueza generada cada año, mientras que las remuneraciones de los trabajadores apenas alcanzan el 30%.

Esto convierte al país en uno de los más desiguales de América Latina en la distribución entre capital y trabajo—muy lejos de las economías desarrolladas, donde los salarios representan cerca del 60% del ingreso nacional y las utilidades empresariales rondan el 25% al 30%.

Brechas de inclusión laboral

Las desigualdades de género profundizan el cuadro. Una de cada dos mujeres no participa en el mercado laboral, una exclusión masiva que se explica por la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados. Si ese trabajo no remunerado se contabilizara, representaría entre el 19% y el 27% del PIB. No sorprende, así, que las mujeres sigan sobrerrepresentadas entre los hogares con menos recursos.

Puntriano agrega que la participación femenina se encuentra “estancada en torno al 50% desde hace años”, y que, aun cuando las mujeres logran insertarse en el mercado laboral, suelen acceder a empleos de menor calidad, peor remunerados y sin protección social, lo que agrava la brecha salarial que —según estudios recientes— ronda el 20% al 27% dependiendo del sector.

Cuadros coincide en el diagnóstico y sostiene que esta desigualdad no es casual, sino que responde a factores discriminatorios persistentes. Las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los migrantes, la población afroperuana y los Pueblos Indígenas acceden a educación de menor calidad, a servicios públicos más deficientes y a menores oportunidades de empleo formal.

El informe también documenta inequidades históricas en los territorios ancestrales donde viven mayoritariamente los Pueblos Indígenas. Son espacios que presentan déficits de inversión, infraestructura, recursos y gobernanza, además de amenazas como la usurpación de tierras, la degradación ambiental y la violencia contra las comunidades y sus representantes.

A ello se suma un problema institucional: las limitadas capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP), que dificultan la implementación de políticas destinadas a reducir desigualdades.

A esta fragilidad se suman brechas de habilidades que hoy son críticas. En Perú, por ejemplo, especialistas advierten que existe una desconexión entre la formación que reciben los jóvenes y las capacidades que demandan las empresas.

Esta desalineación alimenta la informalidad juvenil y reduce la productividad futura, generando un círculo vicioso que se agrava con la automatización y la rápida adopción de inteligencia artificial.

“La oferta educativa no está articulada con la demanda laboral”, señala Puntriano. “Los jóvenes salen de las universidades, pero no hay dónde colocarlos”.

Cuadros añade que la informalidad laboral —que cayó 15 puntos entre 2005 y 2015 gracias al crecimiento económico— volvió a incrementarse tras la pandemia y aún no regresa a su nivel prepandemia. La informalidad de asalariados privados se mantiene cerca del 50%, una cifra que revela un estancamiento profundo del empleo de calidad.

Desafíos del desarrollo social inclusivo

La CEPAL subraya que mejorar la medición de la desigualdad no es un detalle técnico: es la base para diseñar políticas robustas. Sin información homogénea y precisa, cualquier diagnóstico es incompleto y cualquier política resulta insuficiente.

El organismo destaca que el gasto público social de los gobiernos centrales en la región muestra una tendencia relativamente estable de crecimiento, un dato positivo pero insuficiente frente a la magnitud del desafío.

Para avanzar hacia un desarrollo social verdaderamente inclusivo, la CEPAL plantea que los países deben articular políticas integrales capaces de intervenir simultáneamente en educación, mercado laboral, sistemas de cuidado, protección social, igualdad de género y derechos de los pueblos históricamente excluidos. Además, en el caso peruano se suma el factor de la inseguridad ciudadana que desincentiva la inversión y frena la creación de empleo de calidad.

Los laboralistas también advierten sobre decisiones coyunturales —como permitir retiros de CTS o AFP para estimular el consumo— que alivian el corto plazo pero no resuelven las causas estructurales de la informalidad.

Cuadros alerta, además, que las actuales exoneraciones tributarias y devoluciones aprobadas para grandes exportadoras están debilitando la recaudación y comprometiendo la sostenibilidad del gasto público.