Reforma de pensiones en manos del Ejecutivo: costos, cobertura y puntos por resolver
Especialistas analizaron los alcances de la reforma de pensiones aprobada por el Congreso, que aún espera la respuesta del gobierno. Norma debe mejorar la forma cómo se presentó la pensión por consumo y el costo fiscal.
Con información de Rosa Quincho/URPI-LR
Restan 8 días para que el gobierno de Dina Boluarte se pronuncie sobre la reforma de pensiones impulsada por Fuerza Popular en la Comisión de Economía del Congreso. Como ha venido informando este medio, la propuesta legislativa establece una pensión por consumo, eleva la edad de jubilación anticipada, limita los retiros de fondos para los trabajadores menores de 40 años, entre otros cambios.
Pese a los pedidos de observación a la autógrafa de ley que hicieron algunos parlamentarios, aún no existe un pronunciamiento oficial del Ejecutivo. Sin embargo, la discusión sobre sus implicancias viene dándose en varios eventos. Durante una conferencia organizada por ESAN, diversos especialistas coincidieron en que la norma de modernización previsional aún debe mejorar varios aspectos.
Reforma de pensiones: cobertura y costo fiscal
Para analizar los principales alcances de la reforma del sistema de pensiones, la Escuela de Gobierno y Gerencia Pública de ESAN organizó una conferencia el último miércoles 11 de septiembre. Uno de sus primeros ponentes fue Elmer Cuba, economista y consultor principal en Macroconsult, quien proyectó que si se promulga la ley, la cobertura total de la población peruana recién se alcanzaría en el 2070.
“El sistema actual de pensiones que se tiene desde hace 30 años no incluye a todos, por ejemplo, a quienes no tienen un trabajo formal. Deja de lado a la mitad del país y los condena a vivir pobreza en su vejez. La actual ley avanza en dirección correcta, no permite más retiros y empieza a subsidiar a quien no pueden aportar”, agregó.
De igual forma, sostuvo que la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Pleno del Congreso en una irregular segunda votación el último jueves 6 de junio, aún es muy tímida y no está en su 100%, porque tiene un costo fiscal relativamente bajo en las primeras décadas de 0,14% de Producto Bruto Interno (PBI).
Para Carlos Oliva, miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, se ha demostrado que la cobertura de pensiones aumentaría con esta ley. En tanto, aún debe mejorarse la forma cómo se presenta la pensión por consumo. En este caso, propuso que debe enfocarse en las personas que menos tienen. El experto manifestó que si se observa la reforma se estaría retrocediendo porque si bien es perfectible, esta constituye un avance.
“No son solo los grupos de (las bancadas) de izquierda del Congreso son las que cuestionan (esta autógrafa), nosotros también, pero es un tema de diseño que se puede mejorar. Por ejemplo, la pensión por consumo”, indicó César Fuentes, exmiembro y presidente del Directorio de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI).
Asimismo, refirió que, si esta ley se observa y vuelve al Congreso, el debate recién se va a realizar en la siguiente Legislatura o con el nuevo Parlamento en el 2026, porque su aprobación ha sido bastante limitada. Finalmente, indicó que el Perú necesita de manera urgente de una nueva ley de pensiones por quienes más lo necesitan, haciendo referencia a que la población está envejeciendo y no existen recursos para garantizar una pensión a futuro.
Demandan observar reforma de pensiones del fujimorismo
Hasta la fecha, dos congresistas han solicitado que la presidenta Dina Boluarte observe la autógrafa de la ley de modernización del sistema previsional. La primera de ellas fue la parlamentaria Sigrid Bazán, quien consideró que esta reforma favorece el modelo de las AFP impuesto por Alberto Fujimori en la década de los 90 y excluye a la mayoría de peruanos que están en la economía no formal.
De igual forma, el congresista José Luna remitió un oficio al despacho presidencial para denunciar que esta norma afectaría seriamente el equilibrio fiscal y la sostenibilidad financiera del país”. En esa línea, calificó a la propuesta de ley como una "inconstitucional discriminación" que perjudicaría a los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones y a los menores de 40 años, tomando en cuenta que ya no podrán retirar e 95,5% de sus fondos al momento de jubilarse.
