En 2009, Doe Run Perú frenó sus operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), alegando que no tenían los recursos para mantenerlo a flote. Mucha agua corrió bajo el puente y recién en octubre del año pasado se entregó la infraestructura a sus extrabajadores, organizados a través de Metalurgia Business Perú SAA (MBP).
Al cierre de esta nota, el CMLO terminó de recibir los permisos ambientales para comenzar la etapa de producción, ya que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprobó los permisos para el vertimiento de aguas residuales, industriales y domésticas tratadas a realizarse en los ríos Mantaro y Yauri. La ANA ejecutará las labores de fiscalización de los vertimientos a fin de hacer respetar la Ley de Recursos Hídricos.
“Todas las licencias se consiguieron. Todo está en el aspecto legal. Vamos a cuidar el medio ambiente, cuidaremos los derechos de los trabajadores y una labor sincera y unificada con las comunidades cercanas. Esos son nuestros pilares”, comentó Luis Castillo, presidente del Directorio de Metalurgia Business Perú, para La República.
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Castillo aseguró que diariamente producirán entre 290 y 300 toneladas de zinc durante cinco años, como parte de un acuerdo con una empresa local, que les proveerá de concentrados para que el complejo andino lo refine.
La consigna de MBP no es solo reactivar sus minerales bandera, como plomo, zinc y cobre, sino también darle valor agregado a la planta y añadir proyectos para producir cal y fertilizantes, lo cual se traducirá en mayores oportunidades de crecimiento y reactivación económica para La Oroya y la región Junín.
El CMLO fue comprado por sus extrabajadores en US$20 millones —dentro del último remate de Doe Run— y, actualmente, su valorización es de US$160 millones —según Castillo—. Para los primeros dos años esperan mover de US$300 a US$400 millones anuales, y conforme la producción de otros metales entre a la ecuación, dicha cifra se irá elevando.
“Lamentablemente, no debió haber parado (el CMLO). Hemos retrocedido 100 años”, añadió. Sus palabras coinciden con las del viceministro de Minas, Jaime Chávez-Riva, quien aseguró que la única solución era que el proyecto pase a manos de sus trabajadores.
“Que este reinicio sea una muestra que también se puede hacer gran empresa desde abajo (...) que esto sea un factor de progreso para La Oroya y toda la sierra central y un significativo grano de arena en el resurgimiento de la economía en nuestro país”, acotó el viceministro Chávez-Riva hace una semana, cuando reanudaron las acciones en el CMLO.
Respecto a la producción de plomo, esperarán que transcurran aproximadamente dos meses, tiempo que les tomará reparar la infraestructura, así como para la plata.
Y, para el cobre, Castillo reconoce que demorará más en materializarse porque “está destrozado prácticamente” el espacio de trabajo que dejó Doe Run. Además, para la producción cuprífera requieren de un nuevo plan de inversión y de un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC. No descartan buscar un socio privado para sacar a flote este proyecto.
Dentro de la liquidación de activos de Doe Run Perú, la firma entregó —entre 2014 y 2015— viviendas a sus exempleados como dación en pago. La situación legal de estos inmuebles no estaba aclarada, por lo que el liquidador Consultores A1 inscribió 1.045 viviendas en La Oroya en los registros públicos.
Para aquellos propietarios que aún dudan, invitaron a contactarlos para que su equipo legal realice las diligencias y así darles un alivio a estas familias. “Están siendo influenciados por dirigentes vecinales que pretenden el proceso que dirigimos”, anotó Héctor Iriarte, gerente general de Consultores A1.
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Luis Castillo, pdte. Metalurgia Business Perú
“Todas las licencias se consiguieron. Vamos a cuidar el medio ambiente, los derechos de los trabajadores y una labor sincera con las comunidades cercanas. Esos son nuestros pilares”.