Telefónica no podrá contratar con el Estado por tres años

El tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inhabilitó a Telefónica del Perú para contratar con el Estado peruano por un plazo de tres años. Ello, luego de que dicha entidad declare infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la compañía y ratifique la sanción en todos sus extremos.

De acuerdo con la resolución del OSCE, la empresa de telecomunicaciones presentó información inexacta y documentación falsa o adulterada de un trabajador ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el marco de una adjudicación para la ‘Contratación de servicio telefónico de cobro revertido automático’.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En respuesta, la multinacional alegó que el trabajador involucrado fue despedido y denunciado penalmente.

PUEDES VER: Osiptel confirma multa por más de S/1 millón 182.060 contra Telefónica

Asimismo, indicaron que cumplieron con brindar de manera satisfactoria el servicio de conectividad requerido por el MTPE. “El servicio brindado no produjo ningún perjuicio para el Estado peruano. El monto contratado con esta institución fue de S/100.000”.

Acciones legales

Ante el fallo desfavorable, Telefónica anunció que tomará las acciones necesarias ante el Poder Judicial para revertir dicha sanción, la cual consideran que es desproporcionada.

“La resolución expedida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, que inhabilita a la compañía para contratar con el Estado de manera temporal, resulta totalmente desproporcionada en relación con los hechos ocurridos”, expresó la empresa en un comunicado.

PUEDES VER: Inhabilitan a Telefónica para contratar con el Estado peruano

La República pudo conocer que Telefónica presentó una acción de amparo solicitando una medida cautelar para evitar la medida del OSCE.

El dato

Impacto. La decisión del OSCE no afecta los compromisos asumidos por Telefónica en los contratos que tiene celebrados con diversas entidades públicas, los cuales aseguran que se seguirán cumpliendo en las mismas condiciones. No obstante, sí impide que la empresa de telecomunicaciones participe en nuevos proyectos con el Estado.