Una ley mordaza se cierne sobre los museos privados y públicos del Perú. El Congreso de la República aprobó el pasado viernes 11 de junio en mayoría el dictamen del Proyecto Ley General de Museo que constituirá, según Pedro Pablo Alayza Tijero y Natalia Majluf, directores de museos, un mecanismo de censura para el trabajo artístico y curatorial en los museos.
Este dictamen de ley, propuesta del congresista Alcides Rayme Marín, presidente de la Comisión de Cultura, tiene un carácter punitivo, con criterios morales, y castigarían en los siguientes puntos:
-La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades que busquen tergiversar la verdad de los hechos o situaciones pasadas, con el fin de modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía.
-La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades relacionadas a una apología al terrorismo (alabanza, defensa o justificación).
-La implementación de las exposiciones y/o la ejecución de actividades que sean contrarias a los principios y valores democráticos constitucionales, así como a las normas vigentes.
Es decir, los museos y sus respectivas autoridades, así como los curadores, historiadores y artistas tendrán que cuidarse de no “incurrir” en estas infracciones de ley que les acarreará sanciones económicas.
Para Pedro Pablo Alayza, director del Museo Pedro de Osma y gestor de Asociación de Museos del Perú, considera que “es una ley innecesaria, porque con la normativa vigente es más que suficiente”.
Arguye que en abril pasado, la asociación de museos que él preside planteó sus criterios a la Comisión de Cultura del Congreso y que ha sido desoídos.
“Si fuera necesario una ley, esta debería ser una ley de promoción, que financie y apoye a los museos, como es la ley del cine, del artista, que tratan de ayudar al gremio y a los profesionales de los respectivos campos”. Esta ley es, básicamente, reglamentarista, punitiva, con multas y sanciones que no ayudan en nada. Los museos, con lo poco que tienen o lo poco que consiguen, han hecho estos últimos 20 años un trabajo heroico”, enfatiza Pedro Pablo Alayza.
Natalia Majluf, exdirectora del MALI, y Pedro Pablo Alayza Tijero. Foto: Composición La República
Señala que son pocos los países en el mundo que tienen una ley específica de museo. Y con respecto a los marcos éticos, en tanto el Perú está es signatario de la Unesco y de su Consejo Internacional de Museos (ICOM), sus principios son vinculantes para la administración de nuestros museos. Por ese lado también, dice, “no se requiere de más normativa”.
“Esa ley pone un criterio subjetivo de la interpretación. Qué personas, con qué criterios van a decidir qué temas son reñidos con la moral pública; qué temas son apología de terrorismo. Además, para ese caso ya existe una normativa, pues a propósito de El Lugar de la Memoria, la muestra Yanapaq, sobre la violencia en el Perú, ya se ha reflexionado sobre cómo trabajar la memoria para madurar como país”, dice Pedro pablo Alayza.
Para Natalia Majluf, del MALI, cuando se le acusó falsamente de apología al terrorismo por adquirir la colección “Piraq Causa”, tabla de Sarhua sobre la violencia, con esta ley se hubiera castigado al museo.
“Hay tantas casos que podemos citar como posiciones de curadores y artistas que podrían ser contrarias, incluso a una opinión mayoritaria de la población, qué libertad de expresión podría haber allí”, dice Majluf.
“Los museos -agrega- son una plataforma para el debate, y se debe garantizar, por todos los medios, que esta pueda darse en total libertad. Esta ley es antidemocrática y anticonstitucional”.
Pedro Pablo Alayza, como Natalia Majluf, esperan que el presidente Francisco Sagasti observe esta ley, y si el Congreso insiste, el Tribunal Constitucional la deniegue. No se puede dar una ley que censure la reflexión histórica, artista, creativa.