Se cae el estudio que defendía a herbicida señalado como cancerígeno: Perú sigue usando pesticidas tóxicos

Después de 25 años de su publicación, uno de los estudios más influyentes que defendían la seguridad del glifosato, herbicida comercializado por Monsanto, fue finalmente retirado. El artículo, publicado en el año 2000 en Regulatory Toxicology and Pharmacology, sirvió durante décadas como soporte científico para el cuidado agrícola, la cual respaldaba la idea de que este pesticida no representaba riesgos graves para la salud humana.

Sin embargo, el artículo ahora retractado expuso lo que numerosos investigadores habían advertido con insistencia desde principios de los años 2000: conflictos de intereses graves, omisiones metodológicas y participación oculta de empleados de Monsanto en la redacción del documento. La revista explicó en su aviso de retractación que el estudio presentaba "deficiencias graves", entre ellas la falta de estudios de carcinogénica que ya estaban disponibles en la época, el ocultamiento del rol de personal de la empresa y la ausencia de transparencia sobre los beneficios económicos recibidos por los autores.

Elsevier, editorial de la revista con sede en Países Bajos, aseguró que inició el proceso de revisión “en cuanto el actual editor tuvo conocimiento de las preocupaciones sobre este artículo hace unos meses”, dijo a la AFP. El problema, sin embargo, es que las advertencias eran conocidas desde hace más de dos décadas.

En 2002, una carta firmada por una veintena de investigadores ya denunciaba “conflictos de intereses, falta de transparencia y ausencia de independencia editorial”, señalando directamente a Monsanto. Pese a ello, el artículo se mantuvo intacto y siguió siendo ampliamente citado por reguladores gubernamentales.

Monsanto y las dudas sobre la integridad científica

El tema salió a la luz en 2017, cuando se divulgaron documentos internos de Monsanto donde los empleados de la empresa habían participado en la redacción del estudio. Según la compañía, la participación fue mínima.

Monsanto reconoció que su personal colaboró con el artículo, pero afirmó que no llegó “al nivel necesario para reivindicar la autoría” y que dicha contribución había sido mencionada en los agradecimientos. Los documentos muestran que una científica agradeció a un “grupo de personas” por su “excelente trabajo” en ese estudio y en otro artículo relacionado, incluso obsequiándoles camisetas de Roundup, nombre de la marca del herbicida, en señal de agradecimiento.

Para varios expertos, esta retractación llega demasiado tarde. Naomi Oreskes, historiadora de la ciencia de la Universidad de Harvard, dijo estar “muy satisfecha” con la decisión, pero subrayó que la comunidad científica necesita “mejores mecanismos para identificar y retractar artículos fraudulentos”.

Lynn Goldman, de la Universidad George Washington y firmante de la carta de 2002, afirmó que los motivos de la retractación “coinciden perfectamente con lo que denunciamos en su momento”. Otro referente científico, John Ioannidis, de la Universidad de Stanford, advirtió que este caso es solo la punta del iceberg: “Estoy seguro de que hay muchos artículos similares, escritos por personas distintas a sus autores declarados y con conflictos de intereses no declarados”, dijo.

El debate sobre el glifosato continúa

El glifosato se popularizó en la década de 1970, pero su uso se expandió enormemente en los años 90, justo cuando el estudio ahora retractado se convirtió en un documento central para defender su seguridad. Su importancia fue tal que influyó en políticas regulatorias en múltiples países.

Pese al retiro del artículo, Monsanto —adquirida posteriormente por Bayer— ha reiterado que su producto no representa ningún riesgo grave para la salud. Sin embargo, desde 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, clasifica al glifosato como “probable carcinógeno”. La etiqueta no implica certeza absoluta, pero sí suficiente evidencia para justificar regulaciones estrictas. Por ello, varios países han limitado o reducido su uso.

Para Nathan Donley, científico del Centro para la Diversidad Biológica, el estudio retractado probablemente no alterará la postura de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que durante el gobierno de Donald Trump adoptó una posición considerada proindustrial. Sin embargo, Donley señala que la noticia sí podría influir en los reguladores europeos, donde el debate sobre el glifosato sigue siendo más estricto.

Todo este caso expone un grave problema sobre la enorme influencia que pueden tener estudios científicos con conflictos de interés ocultos en regulaciones de salud pública que afectan a millones de personas.

¿Y qué ocurre en Perú?

En nuestro país persiste un problema aún más urgente: el uso extensivo de pesticidas altamente peligrosos, muchos de ellos prohibidos en la Unión Europea por sus impactos en la salud y el ambiente.

Perú mantiene registros indefinidos para numerosos pesticidas, lo que implica que pueden seguir vendiéndose sin pasar por procesos modernos de reevaluación toxicológica. Syngenta, empresa dedicada a la tecnología agrícola, tiene 42 pesticidas prohibidos en Europa que siguen registrados en Perú, algunos de ellos asociados a intoxicaciones graves, impactos en el sistema nervioso y daños a largo plazo en órganos vitales, según un reportaje realizado por Salud con Lupa.

Luis Gomero, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano, advirtió que esta situación representa un problema estructural para la salud pública. “Estamos hablando de pesticidas que en otros países han sido prohibidos por su peligrosidad, pero que aquí siguen vendiéndose sin control adecuado”, señaló a la revista Caretas. Para Gomero, la exposición constante de agricultores y comunidades rurales incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, intoxicaciones agudas y afectaciones que no siempre son diagnosticadas a tiempo.

“En el 2015 la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como un potencial cancerígeno. Desde entonces se ha empezado a cuestionar su uso a nivel internacional. Cada vez hay más evidencias de los daños a nuestras chacras y a actividades biológicas en el manejo de las unidades productivas”, sostuvo.

A ello se suma la persistencia de sustancias clasificadas como altamente tóxicas, como el paraquat, prohibido en más de 50 países debido a su letalidad incluso en pequeñas dosis, o la atrazina, restringida en Europa por su impacto en el sistema endocrino y su capacidad de contaminar fuentes de agua. Sin embargo, ambas siguen circulando en el país sin un sistema de control efectivo.

Por lo tanto, es necesario reforzar los estudios que acompañan a la labor agrícola, la transparencia y la independencia en la evaluación de todo tipo de sustancias químicas usadas, ya que son la clave en la alimentación todo el planeta.