Hija de Allende deja el Senado de Chile tras destitución por escándalo inmobiliario

La legisladora Isabel Allende, hija del derrocado gobernante socialista Salvador Allende, dejó este martes su escaño en el Senado de Chile tras confirmar que el Tribunal Constitucional la destituyó a raíz de un escándalo por la venta fallida al Estado de la casa de su padre.

A principios de año, el gobierno chileno canceló la operación mediante la cual pretendía comprar la propiedad, valorada en 900.000 dólares, para convertirla en museo.

Entre los propietarios de la vivienda están la senadora Allende y Maya Fernández, entonces ministra de Defensa.

Ambas funcionarias estaban impedidas por la ley de firmar contratos con el Estado, por lo que el presidente Gabriel Boric echó para atrás la compra, aunque la legisladora oficialista ya había suscrito la promesa de venta.

"No es fácil dirigirme a ustedes. Probablemente sea mi última intervención en esta sala", dijo Allende entre lágrimas ante el Senado.

La prensa y fuerzas de oposición daban por segura su destitución, aunque la corte no ha dado a conocer el fallo.

"La cuestionada compraventa era para el cumplimiento de un fin público impulsado por el Gobierno" y pese a que "nunca se concretó, seré cesada en mi cargo como senadora de la República", agregó la política de 80 años.

El Tribunal Constitucional se reunió el jueves para evaluar la destitución de Allende a pedido del partido Republicano, de la derecha opositora.

Este martes, el presidente Boric elogió la trayectoria de Allende como parlamentaria por más de tres décadas. La socialista iba a dejar el Senado en 2026.

"Su rol en la Cámara de Diputados, el Senado, el Partido Socialista, no perecerá jamás", señaló Boric durante un discurso público en la sede de gobierno.

De piedra y con madera nativa, el inmueble de dos pisos fue construido en 1948 en una zona acomodada de la capital de Chile.

El caso le costó también el puesto a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, por aprobar la operación de compra.

Maya Fernández renunció en marzo a su cargo tras presiones de la oposición.

La fiscalía abrió una investigación para establecer si hubo delito en el proceso, en el que ya declaró el presidente Boric.

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