Un jurado federal ordenó el martes a un contratista del Ejército estadounidense que pague 42 millones de dólares por daños y perjuicios a tres hombres iraquíes que fueron torturados en la cárcel de Abu Ghraib, según informaron sus abogados.
La empresa privada CACI Premier Technology, con sede en Arlington (Virginia), fue declarada responsable por su participación en las torturas infligidas a los hombres en la prisión cercana a Bagdad en 2003 y 2004, de acuerdo con el Centro de Derechos Constitucionales (CDC o CCR, por sus siglas en inglés), que representaba a las víctimas.
De esa forma, CACI International deberá indemnizar con 14 millones de dólares a cada uno por concepto de daños y perjuicios. Los afectados, que fueron arrestados tras la invasión estadounidense de Irak son Suhail Al Shimari, director de una escuela secundaria, Asa'ad Zuba'e, un vendedor de frutas, y Salah Al-Ejaili, un periodista.
Los tres hombres demandaron a la compañía en 2008.
"Hoy es un gran día para mí y para la justicia", declaró Al-Ejaili en un comunicado.
"Esta victoria es una luz brillante para todos los que han sido oprimidos y una fuerte advertencia para cualquier empresa o contratista que practique diferentes formas de tortura y abusos", señaló el periodista, quien hoy vive en Suecia.
La prisión de Abu Ghraib, al oeste de Bagdad, se convirtió en un símbolo negativo de la ocupación en Irak tras la aparición de pruebas de tratos crueles y degradantes a detenidos por parte de soldados estadounidenses en esas instalaciones.
"Nuestros clientes han luchado valientemente durante 16 años para obtener reparación por los horrores que sufrieron en Abu Ghraib, contra todos los obstáculos que este enorme contratista militar privado puso en su camino", afirmó el director abogado del CDC, Baher Azmy, en el comunicado.
La mayoría de los abusos ocurrieron a finales de 2003, cuando los empleados de CACI trabajaban en la prisión, según la demanda.
Los empleados civiles de la empresa fueron acusados de haber animado a los soldados estadounidenses a maltratar a los prisioneros para prepararlos para los interrogatorios.
Se presentaron cargos penales contra once guardias de bajo rango, entre ellos la exespecialista de la reserva del ejército Lynndie England, que aparecía sonriendo en fotografías mientras posaba junto a prisioneros desnudos.
En 2014, después de años de procedimientos y de las sentencias en corte marcial de once soldados estadounidenses a penas de prisión entre 2004 y 2006, un tribunal federal de apelaciones local autorizó procedimientos legales contra CACI International.
La demanda contra CACI se presentó en virtud de una ley que permite a ciudadanos extranjeros presentar demandas ante tribunales estadounidenses por violaciones de los derechos humanos cometidas fuera del país.
CACI alegó que la mayoría de los presuntos abusos fueron aprobados por el entonces secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, e incorporados a las normas de combate por los mandos militares de la prisión.
Katherine Gallagher, abogada del CDC, también celebró el veredicto diciendo que "deja claro el papel de CACI en esta vergonzosa parte de nuestra historia".
Es un "aviso a los contratistas militares y de seguridad privados de que pueden ser y serán responsabilizados cuando infrinjan las protecciones más fundamentales del derecho internacional, como la prohibición de la tortura", afirmó Gallagher.
"Durante 20 años, CACI se ha negado a asumir su responsabilidad por su papel en la tortura en Abu Ghraib", agregó.
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