Presidente de Panamá busca reabrir mina canadiense pese a moratoria
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó este jueves que inició contactos para reabrir la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, pese a que rige una moratoria minera aprobada por el Congreso y la oposición de ambientalistas.
El yacimiento de cobre, de la filial local de la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), fue clausurado en noviembre de 2023 cuando la Corte Suprema panameña declaró "inconstitucional" el contrato de concesión, en medio de protestas antimineras que semiparalizaron el país.
Para potenciar la economía panameña, Mulino pretende reabrir la mina Cobre Panamá, situada cerca de la costa del Caribe, aunque no ha dado detalles de que hará para superar los obstáculos legales.
"Se ha comenzado a establecer los contactos necesarios, esa mina es de Panamá (...) y Panamá la explotará" con "un operador que se encargue de lo técnico", señaló Mulino en su conferencia de prensa semanal.
"Va a ser una operación de Panamá, no un contrato con más nadie", agregó el mandatario, quien remarcó que la reapertura se hará "con prudencia", "dentro de la ley" y "en función de un beneficio económico que además se necesita a gritos".
En Panamá rige una moratoria que prohíbe nuevas concesiones de minería metálica aprobada por el Congreso en 2023, ante las protestas de los ambientalistas, que acusaban a la mina de FQM de contaminar.
Las organizaciones ambientalistas que convocaron a esas manifestaciones rechazan la reapertura y amenazan con volver a las calles, tras acusar al mandatario de ponerse de lado de la empresa.
Mediante "un esquema de asociación pública privada o de empresa mixta", Mulino pretende "una concesión minera disfrazada", una acción "prohibida por la ley", afirmó a la AFP Lilian González, directora ejecutiva de la ONG Centro de Incidencia Ambiental.
"No hay manera que Mulino reabra la mina sin violar de alguna forma la Constitución, el fallo de la Corte Suprema, el marco legal existente y la voluntad popular", declaró a la AFP Raisa Banfield, líder de la fundación Panamá Sostenible.
Mulino hizo sus declaraciones después de que la compañía canadiense suspendió los arbitrajes internacionales por los cuales buscaba 20.000 millones de dólares en compensación por el cierre de la mina.
En las últimas semanas tanto el gobierno como la empresa expresaron su disposición a negociar una posible reanudación de actividades.
La mina, que inició operaciones en 2019, producía unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá. Además, empleaba a unos 37.000 trabajadores de manera directa e indirecta.
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