Renuncia juez de la Corte Suprema argentina designado por decreto por Milei

Un juez nombrado en la Corte Suprema de Argentina por decreto del presidente Javier Milei renunció este lunes a su cargo tras 40 días, a raíz del rechazo de su candidatura en el Senado la semana pasada.

Milei había impulsado a Manuel García-Mansilla, junto con el juez federal Ariel Lijo, para completar vacantes en el máximo tribunal de cinco miembros luego del retiro de dos magistrados. Ambas candidaturas requerían la aprobación del Senado argentino por mayoría calificada.

Si bien Lijo nunca llegó a asumir el cargo, García-Mansilla ya lo ocupaba desde febrero, como resultado de un decreto de Milei ante la demora del Congreso en debatir los expedientes, en una medida tildada de inconstitucional por gran parte del arco político y expertos en leyes.

El jueves, el Senado rechazó finalmente por amplia mayoría ambas candidaturas, lo que llevó a García-Mansilla a presentar su renuncia este lunes.

"Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente", escribió García-Mansilla en una carta dirigida a Milei y divulgada por la prensa local.

Sin embargo, "mi permanencia en el cargo no ayudaría a que los responsables de integrar debidamente el Tribunal tomen consciencia de la seriedad de este problema", añadió al presentar su "renuncia indeclinable".

Milei se había valido de un artículo de la Constitución que lo habilitaba a nombrar a ambos jueces "en comisión", es decir interinamente, para que ocuparan el cargo hasta que finalizara el período legislativo el 30 de noviembre.

El rechazo del Senado ocurrió casi un año después de que se presentaran ambos pliegos, hecho que García-Mansilla calificó de "mera especulación política".

Entre las causas en carpeta de la Corte Suprema, que continuará con tres miembros por el momento, destaca la revisión de la sentencia contra la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), condenada en dos instancias a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por "administración fraudulenta" en la adjudicación de obras viales.

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