El gobierno francés bloqueó ilegalmente TikTok en Nueva Caledonia durante disturbios, según la justicia
El bloqueo temporal por parte del gobierno francés de la red social TikTok en Nueva Caledonia, archipiélago francés del Pacífico, durante los disturbios de 2024, fue "ilegal", dictaminó el martes el Consejo de Estado, máxima jurisdicción administrativa del país.
Este bloqueo "constituyó una vulneración desproporcionada de los derechos y libertades", explicó la institución en un comunicado, señalando al mismo tiempo que en caso de "circunstancias excepcionales, la medida puede llevarse a cabo respetando condiciones estrictas".
Esas condiciones son tres: que sea indispensable porque los acontecimientos son particular gravedad; que ningún medio técnico permita aplicar inmediatamente medidas alternativas; y que sea adoptado "durante un período limitado necesario para la búsqueda e implementación de esas medidas alternativas".
La decisión del entonces primer ministro francés, Gabriel Attal, de suspender el acceso a TikTok en Nueva Caledonia entre el 15 y el 29 de mayo de 2024, "no respetó la totalidad de estas condiciones", estimó el Consejo de Estado.
"Es una victoria pírrica, porque aunque sea valiosa para las libertades en tiempos difíciles, principalmente aprueba el principio de suspensión de una red social en caso de circunstancias excepcionales", reaccionó ante AFP el abogado Vincent Brengarth, representante de los tres ciudadanos que recurrieron al Consejo de Estado junto a las asociaciones Liga de los Derechos Humanos (LDH) y La Quadrature du Net.
"El razonamiento del Consejo de Estado es amenazador para el futuro", comentó por su parte el abogado Patrice Spinosi, asesor de la LDH.
"Un gobierno populista podría inspirarse en esta decisión y desviarla para adoptar medidas que restrinjan las libertades de todos los ciudadanos solo con invocar 'circunstancias excepcionales'", advirtió.
El bloqueo de TikTok en el archipiélago del Pacífico tuvo lugar luego de que estallaran graves disturbios como reacción al voto por parte de la Asamblea Nacional de una reforma electoral muy controvertida.
Attal había justificado la medida por la necesidad de limitar los contactos entre alborotadores.
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