Empresa canadiense renuncia a arbitraje contra Panamá por cierre de mina
La compañía canadiense First Quamtum Minerals confirmó este lunes que suspenderá los arbitrajes contra Panamá por el cierre de una mina de cobre en 2023 tras iniciar conversaciones con el gobierno para una eventual reapertura.
En noviembre de 2023, la mina Cobre Panamá, situada en la costa del Caribe, tuvo que paralizar por un fallo de la Corte Suprema panameña, tras más de un mes de protestas convocadas por ambientalistas que la acusaban de dañar el medioambiente.
Esto llevó a la empresa a iniciar procesos arbitrales en busca de 20.000 millones de dólares en compensación, pero en las últimas semanas ambas partes han expresado su disposición a negociar con miras a una posible reanudación de operaciones de la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica.
"Tras compromiso con los asesores legales del gobierno de Panamá, First Quantum ha acordado discontinuar el procedimiento de arbitraje", dijo la empresa en un comunicado. El 14 de marzo la compañía ya había expresado su intención de dar tal paso.
La compañía había abierto un proceso arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Además, había presentado una notificación de arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.
Ambos procedimientos serán suspendidos, indicó la empresa, que reiteró "su compromiso de diálogo con el Gobierno de Panamá" para solucionar la disputa.
El 13 de marzo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, autorizó a la minera a exportar el concentrado de cobre que ya había extraído y se declaró dispuesto a conversar con la empresa sobre una posible reanudación de operaciones.
Mulino advirtió que la suspensión de los arbitrajes era condición para dialogar y fustigó a los ambientalistas que se oponen a toda costa a la reapertura, al resaltar el impacto positivo de la mina en el empleo y la economía nacional.
La mina producía unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá. Además, empleaba a unos 37.000 trabajadores de manera directa e indirecta, de los cuales solo 1.300 siguen en labores de mantenimiento.
Las organizaciones ambientalistas que convocaron las protestas de 2023 se han pronunciado contra la reapertura y han amenazado con volver a las calles.
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