Gobierno de Guatemala insiste en seguro obligatorio vehicular pese a protestas
El gobierno de Guatemala afirmó este miércoles que no dará marcha atrás a la exigencia de un seguro obligatorio para vehículos motorizados, a pesar de dos días de fuertes protestas en su contra.
"Los accidentes viales son la principal causa de muerte en el país. Eso lo tenemos que cambiar y para ello hay que tomar medidas, cumplir la ley", dijo el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, en rueda de prensa.
Las protestas comenzaron el martes y continuaron este miércoles con el bloqueo de unos 30 puntos tanto en la capital como en el interior del país.
"Los accidentes [de tránsito] son la mayor causa de muerte en el país, muy por encima de la criminalidad. Una tragedia nacional que debe ser atendida, que será atendida", agregó Palomo, tras llamar a terminar las protestas contra el seguro.
El lunes, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo publicó en la gaceta oficial las normas que obligan a los dueños de vehículos motorizados a comprar un seguro de responsabilidad civil en caso de accidentes de tránsito.
Los opositores al seguro destacan la precaria situación económica en Guatemala, donde la pobreza alcanza al 60% de sus 17,7 millones de habitantes, según cifras oficiales.
Aunque el seguro obligatorio está contemplado en la Ley de Tránsito desde 1996, carecía de reglamentación para obligar a los propietarios de vehículos a adquirirlo. No hay precio ni estimaciones de lo que costarán dichos seguros, pero los dueños de vehículos deberán tenerlo a partir del 1 de mayo.
El ministro del Interior, Francisco Jiménez, dijo que en las protestas se han "infiltrado pandilleros" y choferes de taxis ilegales para causar "ingobernabilidad", y advirtió que la policía utilizará la fuerza para disolverlas.
"No podemos permitir que el ejercicio de un derecho sea violento y no podemos tampoco permitir que ese ejercicio dañe la economía del país y el bien de las personas", aseguró.
Palomo dijo que el gobierno inició este miércoles conversaciones con líderes de organizaciones sociales en busca de un acuerdo para terminar con los bloqueos de calles.
El gobierno dio luz verde al seguro obligatorio después de que el 10 de febrero un autobús de pasajeros cayera a un barranco en el ingreso norte de la capital, con un saldo de 54 muertos.
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