El Congreso español aprueba la cesión a los nacionalistas vascos de un palacete de París confiscado por los nazis
El Congreso de los Diputados español aprobó este miércoles la cesión a los nacionalistas vascos de un palacete en el centro de París confiscado por la Gestapo en 1940 y que reclamaban desde entonces, una cesión a la que se oponía la oposición de derechas.
La disposición, incluida dentro de un decreto-ley que incluye una serie de medidas sociales, ordena el traspaso al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de "la titularidad" del palacete en el número 11 de la Avenida Marceau de la capital francesa "en atención a la vinculación histórica del edificio con este Partido".
La entrega se produce tras la aprobación en 2022 de una "ley de memoria democrática" que preveía "la restitución de bienes incautados a las fuerzas políticas durante la Dictadura cuando lo fueron en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos".
Desde que los nazis confiscaron el edificio y lo entregaron a la España gobernada por el dictador Francisco Franco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que había promovido la adquisición para instalar ahí la sede del gobierno vasco en el exilio, venía reclamando su propiedad.
Sin embargo, dos sentencias judiciales francesas de 1943 y 1951 consideraban que el inmueble pertenecía al Estado español.
También el Tribunal Supremo español falló en 2003 contra la entrega del edificio al PNV.
El PNV es un socio parlamentario del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que impulsó este decreto-ley que no pudo ser aprobado en un primer intento en enero por falta de los votos suficientes.
En aquella ocasión, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dijo a la prensa antes de la votación que recibir el edificio "incautado por la Gestapo y entregado a Franco" era un acto "de justicia democrática".
La entrega coincide con el 50º aniversario de la muerte de Franco, que Sánchez decidió conmemorar con un centenar de actos.
Construido en 1883, el edificio alberga actualmente la biblioteca en París del Instituto Cervantes, la entidad pública española que promueve el castellano en el mundo, y que "podrá seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030, abonando desde el 1 de enero de 2025 una renta de mercado", prosigue el decreto ley.
El Partido Popular (derecha) criticó la cesión del palacete como una "privatización de un bien público", mientras que la extrema derecha de Vox anunció que emprendería "acciones judiciales" contra la medida.
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