Difieren inicio del juicio contra activista San Miguel en Venezuela
El tribunal venezolano que lleva la causa por "terrorismo" contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel difirió este martes el inicio del juicio para el 31 de marzo.
Las autoridades vinculan a San Miguel, detenida hace un año, con un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, lo que su defensa niega.
Una funcionaria del tribunal informó que "por falta de traslado" de San Miguel desde su centro de detención hasta el Palacio de Justicia en Caracas se postergaba el proceso.
Es el segundo aplazamiento desde el 18 de diciembre, cuando estaba previsto inicialmente el inicio del juicio. El argumento entonces fue el mismo, común en el retraso procesal de juicios contra opositores.
La nueva fecha viola la ley, "porque excede los lapsos procesales para que se verifique la audiencia una vez que se difiere", explicó a la AFP el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco.
"En un lapso de tres meses deberíamos estar en apertura del juicio oral y público", añadió. "Y llevamos un año y no hemos empezado".
San Miguel, de 58 años, es abogada, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano.
Fue arrestada en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, y acusada de terrorismo, traición a la patria, conspiración e intento de homicidio contra Maduro y el dirigente chavista Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia.
Estaba con su hija, liberada tras una breve detención, al igual que otros tres familiares.
Su expareja, un militar retirado, está detenido acusado de estar vinculado en esta supuesta conspiración.
Maduro, que suele denunciar planes para derrocarlo, ya la había acusado en 2014 de estar involucrada en "un alzamiento militar".
San Miguel solo puede recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y está a la espera de una cirugía por una fractura de hombro.
González no ha podido juramentarse como abogado de San Miguel junto a Theresly Malavé. Su defensa por ahora recae en la defensoría pública, señalada por expertos de servir a la Fiscalía.
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