Sutep desmiente a Ejecutivo sobre supuesta 'falta de financiamiento' para subir pensión docente a S/3.300

El Congreso de la República aprobó en segunda votación el aumento de la pensión de los docentes jubilados y cesantes a S/3.300, equivalente al salario de la primera escala magisterial. Sin embargo, esta medida aún debe ser promulgada por el Ejecutivo, por lo que Lucio Castro, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), solicitó que se haga sin observaciones.

Esto se debe a que, previamente, diversas carteras ministeriales del gobierno de Dina Boluarte consideraron inviable la propuesta. Mientras los proyectos eran debatidos en la Comisión de Economía del Parlamento, los sectores involucrados señalaron, entre otros motivos, que la iniciativa no era viable y carecía de financiamiento.

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Gobiernol de Boluarte considera inviable la medida

La ley aprobada por el Congreso busca que la pensión de los docentes sea equivalente a la Remuneración Integral Mensual (RIM), es decir, S/3.300 mensuales, establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu). Sin embargo, el MEF concluyó que la iniciativa “no es técnicamente viable”. El ministro Raúl Pérez-Reyes advirtió que no resulta fiscalmente posible aplicarla de inmediato, pues representaría un costo anual de S/4.800 millones. Añadió que la medida solo podría implementarse de manera gradual en un plazo aproximado de diez años.

Por su parte, el Minedu concluyó en un informe que la iniciativa "no es viable legal ni presupuestariamente". Según la Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio, la propuesta de homologar las pensiones a la primera escala de la Ley 29944 (Ley de Reforma Magisterial) contradice la normativa vigente, especialmente la Ley 28449, que prohíbe nivelar pensiones con las remuneraciones activas.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo (MTPE) indicó que el proyecto de reajuste de pensiones para mayores de 65 años "no es viable debido a la falta de un análisis detallado de los impactos económicos y financieros" y advirtió que "podría generar un aumento en el gasto público y poner en riesgo el equilibrio presupuestario", recomendando que sea evaluado por el MEF y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para determinar su factibilidad.

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SUTEP exige al Gobierno promulgar ley de pensiones

Tras diversas movilizaciones en las últimas semanas, el Sutep respaldó la decisión del Parlamento y aseguró que el incremento sí puede financiarse. El secretario general, Lucio Castro, señaló a La República que este podría cubrirse en parte con los impuestos de quinta categoría que pagan los 420.000 maestros activos de la Carrera Pública Magisterial (CPM), además de aplicar tributos a entidades educativas que actualmente gozan de exoneraciones.

"Los maestros que están en la CPM, a todos se les descuenta un porcentaje de su dinero por el impuesto de la quinta categoría, descuento en la escala en la que están (...) ahí hay un fondo suficiente para cubrir esta necesidad". Asimismo, planteó que las instituciones educativas privadas no deberían estar exoneradas del pago de impuestos y sostuvo: "planteamos que haya una justicia tributaria, que significa que paguen impuestos, lo que generaría mucho dinero que permitiría cubrir no solo la demanda de los cesantes, sino otras necesidades del Estado".

El dirigente cuestionó duramente la oposición a la norma que beneficiará a más de 162.000 docentes jubilados, quienes perciben en promedio apenas S/800 mensuales, mientras que algunos llegan a recibir solo S/300 o S/400. Afirmó que lo que se requiere es "decisión política para aplicarla" y criticó que “no dicen nada cuando se les exonera del pago de impuestos a las empresas agroexportadoras por más de 20.000 millones de soles”.

Asimismo, instó al Gobierno a promulgar la ley aprobada el jueves 4 de septiembre, que obtuvo 66 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones. Recordó que la iniciativa original fue impulsada por la congresista Flor Pablo y enfatizó que, tras su aprobación en el Parlamento, el Congreso debe remitirla al Ejecutivo, que tiene un plazo de 15 días hábiles para promulgarla. En caso contrario, advirtió, “el Congreso podrá aprobarla por insistencia”.

“El Estado tiene que hacer los esfuerzos, si hay necesidad, pero lo que no puede hacer es observarlo o desentenderse de los trabajadores. Eso va a motivar movilización, presión y con seguridad hasta un paro nacional”, remarcó, al señalar que se trata de una justa demanda de los docentes cesantes y jubilados.

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