Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes
Propuesta beneficiaría a 162.000 maestros ancianos y sus pensiones se elevarán de S/800 a S/3.300. Ejecutivo debe decidir si aprueba la propuesta.
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Con 66 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen de ley que dispone que las pensiones de los docentes jubilados y cesados sean equivalentes a la remuneración que percibe un maestro de la primera escala magisterial (S/3.300).
Tras realizar diversas movilizaciones en las últimas semanas, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, saludó la decisión del Parlamento y dijo que es una decisión justa, ya que los docentes más ancianos son los que reciben las peores pensiones del Estado.
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“Lamentablemente, si un maestro se jubila a los 65 años, pasa a recibir entre S/ 400 y S/700, y estos montos hoy ya no cubren ni la canasta básica familiar. Es un tema de justicia”, afirmó.
El dictamen de ley establece que los más de 162.000 profesores jubilados y cesantes de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva puedan elevar sus pensiones a S/3.300, ya que es el monto que reciben los docentes de la primera escala. Esto será efectivo para quienes estén comprendidos en los decretos leyes 19990, 20530, la Ley de Reforma Magisterial y en el Sistema Privado de Pensiones.
“Esta propuesta puede ser implementada progresivamente. El Ejecutivo tiene que ser creativo para resolver este grave maltrato”, consideró el exministro de Educación, Idel Vexler, quien saludó la medida.
La legisladora Flor Pablo, una de las impulsoras de la iniciativa, precisó que existe preocupación porque, según la ONP, las pensiones de los docentes varían entre S/500 y S/893, lo que es menor al salario mínimo vital (S/1.025). “Esto los pone en una posición de desmedro económico. Además, la diferencia entre la pensión y el sueldo que recibía como activo es amplía”, dijo.
De esta manera, en los próximos días, el Congreso deberá enviar la autógrafa de ley al Ejecutivo, el cual tendrá que decidir si la aprueba o la observa. La propuesta está en manos del Gobierno de Dina Boluarte.
