Defensoría busca impunidad empoderando a cuestionada JNJ en designación de fiscales y jueces provisionales

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, intenta cambiar la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Poder Judicial y Ministerio Público. El pasado 29 de mayo, Gutiérrez envió un proyecto del ley al Congreso, con el que intenta empoderar a la cuestionada JNJ al atribuirle la total autoridad de la elección de los jueces y fiscales provisionales.

Se trata de la propuesta legislativa N° 1393/2024-DP que busca la modificación del artículo II de las reglas de juego de la JNJ, en el que se establece que dicha entidad tiene la finalidad de "establecer las exigencias legales para el nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de los jueces y fiscales titulares y provisionales de todos los niveles (…)".

Es preciso resaltar que, actualmente, es el Ministerio Público el encargado de nombrar a los fiscales titulares y provisionales en sus cargos, así como el Poder Judicial es el responsable de los jueces del mismo rango. Con esta propuesta, la institución liderada por Gutiérrez le quita la facultad al presidente de la Corte Suprema, Cortes Superiores, a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y Juntas de Fiscales, designar a magistrados de ningún nivel.

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Especialistas advierten impunidad y afectación a la autonomía del sistema de justicia

En comunicación con La República, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, advirtió sobre una eventual impunidad para los congresistas y defensor del Pueblo en el futuro en diversos procesos judiciales. "Es un problema de impunidad. Es un problema de también, corrupción, es un problema de falta de idoneidad para el servicio tan importante que tienen que prestar estas instituciones a cualquier ciudadano", enfatizó.

"Yo creo que, definitivamente, la actual composición de la Junta tendrá que ser revisada cuando la situación política del país cambie y, mientras tanto, hay que mantenerse más en alerta e impedir que se le quiera entrar más atribuciones de las que le corresponden", aseveró.

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Por su parte, el exjuez superior Sergio Salas comentó que con esta iniciativa no se está respetando la antigüedad ni meritocracia dentro del sistema judicial. Por otro lado, Salas no descartó que se pueda generar algún tipo de impunidad en casos judiciales contra diversas autoridades. "Yo no podría generalizar, pero sí podría generarse un riesgo de comunidad en determinados casos".

Por otro lado, enfatizó que la propuesta debe partir de Poder Judicial o Ministerio Público, y no de la Defensoría del Pueblo.

"A mí me parece que no es una buena iniciativa porque lo que se estaría haciendo es legalizar la provisionalidad y la provisionalidad es una eventualidad que se presenta en los cargos judiciales por circunstancias muy particulares, por ejemplo, por enfermedad o cese. Eso no es correcto. Lo que ocurre es de que quienes deben tener la iniciativa en todo lo que es reforma orgánica son las propias instituciones. Y creo que aquí no se ha tomado en cuenta la opinión del Poder Judicial específicamente", enfatizó.

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Propuesta beneficiaría a congresistas

En esa misma línea, Albán criticó que las intenciones detrás de esta iniciativa es seleccionar a los fiscales y jueces que más le beneficien al Congreso y sus aliados. Además, rememoró que, en febrero de este año, la JNJ intentó destituir a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, con un proceso sancionador muy cuestionado y sesgado.

Finalmente, Albán recordó que los miembros de la actual JNJ no fueron elegidos por sus méritos ni por su trayectoria, sino por los intereses del Congreso "por estar dispuestos a hacer lo que les piden". Asimismo, Albán resaltó que el proyecto de ley de Josué Gutiérrez denota una clara afectación a la autonomía de Poder Judicial y la Fiscalía y lo calificó como un "mandadero del Parlamento".

"El señor Gutiérrez es un mandadero del Congreso de la alianza que gobierna el país en este momento y que controlan buena parte del aparato del Estado. Siendo el Poder Judicial y el Ministerio Público instituciones autónomas conforme a la constitución. Esto resulta ser una, pero grosera afectación de esa autonomía que la Constitución les consagra porque la designación de provisionales es una cuestión de manejo interno que, por lo tanto, corresponde al Gobierno del Poder Judicial y al Gobierno del Ministerio Público".

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Requisitos para los fiscales provisionales

La iniciativa de la Defensoría del Pueblo señala que será la JNJ, previo concurso, la encargada de elaborar un cuadro de méritos obligatorio para que los jueces y fiscales provisionales ocupen, de manera temporal, sus puestos. Además, se determina que dicha elección se llevará a cabo bajo una serie de disposiciones.

Para el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo propone que las plazas sean ocupadas en el siguiente orden, según sea la postulación: jueces supremos provisionales, superiores titulares, superiores provisionales y especializados y/o mixtos titulares; jueces de paz letrados titulares y/o auxiliares jurisdiccionales nombrados.

Mientras que para el Ministerio Público ocurriría lo mismo: fiscales supremos provisionales, fiscales superiores titulares y/o los fiscales supremos adjuntos titulares, superiores provisionales, fiscales provinciales titulares y/o los fiscales superiores adjuntos titulares, fiscales provinciales provisionales.

Pese a ello, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, calificó la propuesta como un despropósito. "El Ministerio Público y el Poder Judicial no podrían designar a quien ellos consideren más idóneo. Esto es un despropósito desde todo punto de vista, porque nada nos garantiza la idoneidad de esos concursos.