Diecisiete conflictos sociales que aguardan solución en Cusco

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, Cusco se ubica en segundo lugar con más conflictos sociales en el país, solo después de Loreto que ocupa el primer lugar.

El informe señala que, hasta junio, la región imperial presentaba 21 conflictos entre activos y latentes, sin embargo, Rosa Santa Cruz, representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, sostuvo que se habrían incrementado dos más.

“Es muy variable, pero la región presenta numerosos conflictos que incluso aquellos que parecen resueltos, vuelven a encenderse. Muchos otros amenazan con reactivarse en cualquier momento. Será tarea de este gobierno entablar el diálogo y resolverlos”, apuntó.

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Santa Cruz explicó que la mayor parte son reclamos de comunidades de las provincias de Espinar y Chumbivilcas ubicadas en el corredor minero. Los reclamos son socio ambientales y en contra de la minería.

El informe de la Defensoría detalla que uno de los nuevos conflictos iniciados en mayo de este año es el de la comunidad de Collana, del distrito de Velille (Chumbivilcas) en contra de la empresa Hudbay. Los pobladores reclaman ser considerados con área de influencia directa.

En enero y febrero de este año también se registró dos conflictos en contra de la misma firma, pero promovida por el distrito de Livitaca que busca otro convenio con la minera y el otro por el Frente de Defensa de Chumbivilcas que exige un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.

El resto de conflictos continúan desde años anteriores en contra de la empresa minera Antapaccay que opera en Espinar y MMG Las Bambas que tiene sus operaciones en la región de Apurímac.

Santa Cruz mencionó también que existen otros reclamos en Paruro y La Convención. En la última provincia, motivada por los agricultores en contra de la Empresa Nacional de La Coca.

Alerta de la Defensoría

En el segmento de Alerta Temprana, la Defensoría dio cuenta del malestar de la población del distrito de Quiñota (Chumbivilcas) en contra de la minera Anabi. “Puede devenir en un nuevo conflicto social”, dice.

Rosa Santa Cruz mencionó que hay mucha tensión en las localidades mineras que aguardan una respuesta del gobierno nacional.