Amplían imputación contra Dina Boluarte por muertes en protestas en Cusco y Lima

La Fiscalía de la Nación amplió la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola por la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca durante las protestas sociales en Lima, así como el caso de Remo Candia y de Rosalino Flores, ocurridos en Cusco. Ello lo hizo en el marco de las pesquisas por las muertes de los 49 peruanos en las protestas en contra del Gobierno que transcurrieron entre diciembre del 2022 y febrero de este año.

Asimismo, incluyó en la indagación al actual ministro del Interior, Vicente Romero, por homicidio calificado y genocidio que pesan sobre la presidenta y el titular de la PCM. El Ministerio Público valoró los últimos hechos suscitados en las protestas y decidió comenzar las pesquisas en contra de Romero Fernández.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que tanto la ampliación de imputación contra la mandataria y Otárola como el inicio de investigaciones contra Romero se dictaron mediante una disposición de fecha 21 de julio en la que se precisa la existencia de una serie de hechos vinculados entre sí, pues todos estos se dieron en los últimos días del estallido social de rechazo inicial al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

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Según esta disposición, la Fiscalía considera que los hechos ocurridos en Cusco, que produjeron la muerte de Remo Candia y de Rosalino Flores; las lesiones contra seis personas en Ucayali; y el homicidio de Víctor Santisteban Yacsavilca, en de Lima, deben ser considerados en la carpeta fiscal contra la presidenta y su primer ministro. Por ello, se resuelve su ampliación “tomando en cuenta que se trata de hechos de la misma naturaleza y producidos en el mismo contexto de la protesta social que dio origen a la carpeta de investigación”.

Avanzar el caso de Víctor Santisteban

Rivera Paz explicó que se incluyó a Vicente Romero en el caso de Santisteban porque ya era ministro del Interior. Según esta disposición, él tenía la obligación de dictar lineamientos para “la ejecución de los respectivos planes operativos pendientes al control de los desmanes y hechos violentos acaecidos como consecuencia de la crisis política, pero que esto no se ha cumplido”.