Garantía de US$10 mllns de Aruntani no alcanza para mitigar daños en Puno
Minera alega que ha cumplido con las garantías por US$18,7 millones y que ahora le corresponde al Estado hacer su parte. Pero un estudio indica que se requieren US$265 para remediar la contaminación ocasionada por dos minas auríferas.
La Dirección General de Minería (DGM), del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ejecutó las garantías de la compañía minera Aruntani por US$10,3 millones para remediar la contaminación causada por sus actividades de extracción del yacimiento aurífero a tajo abierto Arasi, ubicado en la provincia puneña de Lampa.
Según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), las labores mineras de Arasi alteraron la calidad del agua de las quebradas de Luchusani y Azufrini, así como en el río Chacapalca, en Puno.
El OEFA señaló que entre 2011 y 2019, Arasi registró 30 incidentes contaminantes, lo que derivó en la aplicación de multas por 802.88 UIT, por un valor aproximado a S/3 millones.
La minera Aruntani, propietaria del yacimiento aurífero de Arasi, estaba obligada a cumplir con un plan de cierres ambientales progresivo para de esta manera evitar la contaminación de los ríos aledaños. Sin embargo, la compañía no lo hizo, por lo que la Dirección General de Minería (DGM) decidió ejecutar las garantías de Aruntani por US$10,3 para remediar los daños. Pero dicho monto sería exiguo, ya que el costo alcanzaría de los trabajos demandaría los US$265 millones (S/1,000 millones ).
En un área de 3.000 hectáreas, Arasi procesa mineral mediante plataformas de lixiviación y efectúa la recuperación del oro en una planta Merrill Crowe. Aruntani es una de las principales exportadoras de oro del Perú.
Yacimiento aurífero a tajo abierto Arasi, ubicado en Lampa, Puno, perjudicó las aguas de las quebradas de Luchusani y Azufrini, así como en el río Chacapalca. Foto: La República
Que pague el estado
Pese a la gravedad de la contaminación causada por la mina Arasi reportada por el OEFA, la empresa Aruntani considera que con la ejecución de los US$10,3 millones de garantías destinadas a la remediación, es suficiente. Aruntani informó que “ya cumplió”.
“Desde la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre de minas recae exclusivamente en el Estado, que ha delegado formalmente estas tareas a la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. (AMSAC). Así lo establece el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Cierre de Minas que precisa con claridad que “hechas líquidas las garantías, la DGM encargará a una empresa especializada la ejecución de las obras del Plan de Cierre de Minas incumplido”, indicó Aruntani a este diario.
Empero, las fuentes consultadas indicaron que lo dicho por Aruntani no es correcto. Aparte de haber pagado las multas, y cumplido con las garantías, la Ley General del Ambiente establece claramente que el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las acciones humanas, debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.
Según Aruntani, el Minem transfirió US$18,7 millones a AMSAC para remediar los daños en Arasi y Flor Tucari, la otra unidad minera que dañó los ríos Coralaque (Moquegua) y Tambo (Arequipa) por sus actividades de explotación auríferas, como informó La República.
En el caso de Flor Tucari, Aruntani tampoco cumplió con los cierres progresivos y fue multada. Los hechos contaminantes en Arasi y Flor Tucari son muy similares.
Aruntani tambi´pen informó a este periódico que le parecía exagerado el monto de la remediación (US$265 millones), porque todavía están pendienbtes los estudios que debe efectuar una empresa contratada por AMSAC mediante una licitación.
En su momento, AMSAC informó que las garantías de Aruntani no alcanzan a cubrir ni el 10% del costo de la remediación de los pasivos ambientales, de acuerdo con estimaciones de la Consultora CESEL SAC.
En el caso del yacimiento Arasi, en Puno, el OEFA concluyó que Aruntani no cumplió con aplicar las medidas de cierre progresivo en el Tajo Carlos, depósito de desmonte y la poza de grandes eventos. Tampoco hizo el cierre de una planta de destrucción de cianuro, que se destina como planta de tratamiento de aguas ácidas.
Aruntani recibió por parte de las autoridades la aprobación de un plan de cierre en 2009, sin embargo, fue modificado en 2012 y 2013, y recibió una actualización en 2014. En 2018, la compañía minera presentó una tercera solicitud de modificación, pese a que el plazo había concluido en 2017. El MEM desestimó la pretensión de Aruntani.
Pero la minera Aruntani insiste en que es el Estado el responsable. “Aruntani ha tenido que continuar las acciones de manejo ambiental dentro del limitado marco que el propio Estado ha autorizado, incurriendo en costos de decenas de millones”, indicó sin señalar el monto.
