Nicanor Boluarte y otros investigados por caso 'Los Waykis en la Sombra' pasaron control de identidad

Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte EN VIVO | El Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Nicanor Boluarte por un plazo de 10 días por el presunto delito de organización criminal. Esta medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el cual también autorizó allanamientos y registros para recolectar evidencia. La disposición alcanza también a Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado, así como otras personas que se coludieron para direccionar la designación de subprefectos con la finalidad de crear el partido Ciudadanos por el Perú. Hoy, sábado, 11 de mayo, los investigados pasaron control de identidad. En la audiencia, los detenidos pidieron la presencia de un especialista en sector salud.

El jueves 9 de mayo, se dio a conocer que el Gobierno de Boluarte habría dispuesto la desactivación de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP. Esta acción se habría llevado a cabo en el contexto de presuntas acciones destinadas a socavar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y al Equipo Especial de la PNP, según información proporcionada por un colaborador eficaz al Ministerio Público.

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¿Qué cargos enfrenta Nicanor Boluarte?

Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda fueron detenidos preliminarmente por la Diviac y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder en relación con el caso Los Waykis en la Sombra. Esta medida se tomó debido a las presuntas implicaciones de Boluarte y Castañeda en delitos de organización criminal, así como de tráfico de influencias. La orden de detención preliminar, emitida por el Poder Judicial, también afectó a otros seis involucrados en el caso.

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De acuerdo con la resolución judicial, Boluarte, Castañeda y los demás implicados debían permanecer bajo detención preliminar por un periodo de diez días naturales, además de estar incomunicados durante este tiempo. Asimismo, se autorizó el allanamiento y descerraje con fines de registros personales, vehiculares y otros, como parte de las acciones de recolección de evidencia llevadas a cabo por las autoridades judiciales.