Luis Pásara: “Estamos ante una actuación desbocada del Congreso que no se detiene ante nada”
El investigador criticó el accionar del Legislativo y la forma en la que Dina Boluarte ha conducido su trayectoria política. “Boluarte no tiene una definición política (...) su actuación no responde a una identidad política, sino a una voluntad de permanecer en el cargo”, señaló
El Congreso ha emprendido una ofensiva que, de acuerdo con distintos observadores, pretende copar el Estado con personas que respondan a sus intereses. Conforme a esta lectura, ya lo hizo con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y está detrás de los organismos electorales y de la Junta Nacional de Justicia. El investigador Luis Pásara analiza esta situación y, además, responde sobre otros temas.
— Sobre su reciente columna en El Clarín, respecto a que la lógica de izquierdas y derechas no atrapa la complejidad y los matices de los liderazgos políticos de hoy, ¿entonces cuál podría ser una más adecuada diferenciación? ¿Democracias o no democracias? ¿Liberales o conservadores?
— Estamos frente a desarrollos nuevos y a realidades nuevas, para los cuales no tenemos conceptos adecuadamente elaborados. Quizá la categoría o la situación que necesitamos formular mejor es la correspondiente a Gobiernos surgidos de elecciones en cuya acción autoritaria se debilita o se destruye el Estado de derecho. Esto quiere decir que la aplicación de la ley se hace arbitraria, se desmantelan los controles del Poder Judicial sobre la actuación del Congreso y del Ejecutivo y, como resultado, se afectan los derechos ciudadanos. En Europa, y esto lo digo para hacer ver que no es un fenómeno local, los Gobiernos de Hungría y Polonia corresponden a esta situación, y en América Latina el prototipo es el Gobierno de Bukele, en El Salvador. Pero antes de lo que podríamos llamar “el síndrome Bukele”, ya existían otros casos. Recordemos a Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. No podemos llamar “democracias” a esos regímenes; de momento, los teóricos los llaman “democracias autoritarias” o gobiernos “iliberales”, pero creo que son formulaciones insuficientes que todavía requieren un cierto desarrollo.
— ¿Se animaría a decir qué es el Perú en estos momentos? ¿Una democracia autoritaria? ¿Una democracia iliberal? ¿O pasa de la respuesta?
— No, no paso. Como usted sabe, yo no paso de las respuestas. Creo que está siendo una “democracia autoritaria”. Estamos en proceso de un desmontaje de los mecanismos de pesos y contrapesos que corresponden a una democracia.
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— ¿”Democracia autoritaria” no es un oxímoron?
— Puede serlo, pero mientras no haya otro concepto para acercarnos a esta realidad, habrá que servirse de él.
— Estoy de acuerdo en que Dina Boluarte no puede ser calificada de izquierdista, a pesar de que postuló por un partido que se identifica como tal. ¿Cómo se podría definirla políticamente, entonces?
— Yo creo que Boluarte no tiene una definición política. Adoptó una por conveniencia para ser elegida como vicepresidenta, pero su actuación en la Presidencia —lo que dice, lo que hace y lo que no hace— no responde a una identidad política, sino a una voluntad de permanecer en el cargo, moviéndose a donde sea preciso, según sea necesario para mantenerse en el cargo. Es lo que, en un lenguaje conocido, antiguo, se llama una oportunista. Pero déjeme agregar que, en el Perú de hoy, en el que los políticos cambian de camiseta y se mueven como saltimbanquis, el caso de la presidenta Boluarte no es especial, no es peculiar.
— ¿Es más de lo mismo?
— Más de lo mismo. O peor de lo mismo. Por el cargo que ostenta. Eso es lo que hace que su caso sea más grave.
— Es interesante que en su columna mencione que en Perú actualmente no son pocas las oportunidades en las que las denominadas izquierdas y derechas confluyen, “repartiéndose los fragmentos de poder de los que pueden disponer”. Señala el caso del Tribunal Constitucional. Recientemente, ocurrió de nuevo con el nombramiento de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, alguien que no tiene las características necesarias para ocupar un cargo de esa responsabilidad.
— Muy claramente.
— Entonces, ¿qué explica esta coincidencia de intereses de políticos que, en teoría, se encuentran en antípodas ideológicas, como los de Fuerza Popular y Perú Libre?
A primera vista es sorprendente. Pero creo que lo que hay de por medio es la ambición por alcanzar un pedazo de poder, que puede ser grande —para decidir licitaciones millonarias y cobrar comisiones por adjudicarlas— o pequeño, como usar un auto oficial nuevo. En el Congreso tenemos grupos de derecha muy claramente orientados y muy coherentes en su actuación, pero que a la hora de la repartija no vacilan en juntar votos con grupos de izquierda que, en su discurso, son radicalmente contrarios a ellos. Esto ahora a nadie le importa en un Congreso muy fragmentado, en el que hay que construir una mayoría para tomar decisiones. Entonces es el momento de entenderse “con Dios o con el diablo”, con quien sea, con quien haga falta. Este método adoptado en el Congreso actual es nuevo en la política peruana. Esto hay que subrayarlo.
— ¿Antes por lo menos respetaban algunas fronteras ideológicas?
— De alguna forma. Pero esto de pactar con el extremo contrario para ver cómo asignamos sillones en el TC es nuevo.
— O en la Defensoría.
— O en la Defensoría. O en lo que viene, que es la Junta Nacional de Justicia.
— Son izquierdas y derechas muy conservadoras. ¿No será que eso los une?
— Es verdad, pero no es el conservadurismo lo que los junta. Lo que los junta es cómo se reparten la torta. Es verdad que son conservadores ambos, que los que se ponen el cilicio y los que dicen que hay que combatir a la homosexualidad comparten muchos puntos de vista. Es cierto. Sin embargo, no estamos hablando acá de coincidencias ideológicas o políticas.
Democracia en peligro. Pásara advierte sobre la “actuación desbocada” del Congreso. Foto: John Reyes/La República
— ¿Se puede decir que el Congreso está detrás de capturar todos los espacios de poder posibles? Andan detrás de los organismos electorales. Y hay una acusación constitucional en contra de la fiscal Zoraida Ávalos. Hay también, de ciertos legisladores, una arremetida contra la Junta Nacional de Justicia, que pidió al Congreso una mayor reflexión por el caso Ávalos. ¿Nos estamos convirtiendo en una especie de parlamentarismo de facto?
Llamar parlamentarismo a eso me parece conferirle un honor inmerecido. En un régimen parlamentario existen reglas precisas acerca de las facultades del Congreso: lo que puede hacer y lo que no puede hacer. En este caso estamos simplemente ante una actuación desbocada del Congreso, que no se detiene ante nada y que puede seguir en esa carrera porque tiene al frente a un Ejecutivo débil que depende de él, y adicionalmente espera controlar a un Poder Judicial en el que algunos jueces podrían levantarse como un muro de contención. Vea usted que ya controlan el Tribunal Constitucional, que recientemente ha decidido limitar el control de los jueces sobre los actos del Congreso, control que es uno de los pilares de la democracia. Se están eliminando los pesos y contrapesos de un régimen democrático. Y ahora se disponen a abalanzarse sobre la Junta Nacional de Justicia para redondear el dominio sobre la actuación judicial.
— ¿Ve opción de detener esta actuación desbocada del Congreso? ¿O es pedir demasiado?
— No, no creo que sea pedir demasiado. Por la experiencia más reciente, creo que la única forma de parar esto es con una reacción de la ciudadanía que ojalá se produzca. No sé si a nuestra ciudadanía estos detalles o intríngulis legales o formales se le escapan o no. Por eso, este tipo de conversaciones debería de haber muchas. Son un paso necesario para dar la alerta, para hacer notar que estamos yendo hacia una demolición de la democracia.
— El Poder Judicial decidió anular la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la que se pedían 35 años de prisión, lo que devuelve al expresidente a calidad de investigado. Es un importante revés para el fiscal José Domingo Pérez. ¿Qué le sugiere este hecho sobre las investigaciones del caso Lava Jato? Usted ha sido una de las voces críticas sobre la actuación de los fiscales.
— No es el primer caso en el que un juez enmienda la plana al fiscal Pérez. Esta otra corrección vuelve a probar que, después de años de investigación, el producto que ofrecen los fiscales del caso Lava Jato no resulta satisfactorio. Cuando uno escucha las explicaciones del fiscal Vela, parecen satisfactorias. Pero los resultados no son satisfactorios. Y no cuestiono que José Domingo Pérez aspire a ser juez, no me parece mal; tiene ese derecho. El problema es que su actuación, muy ruidosa para iniciar investigaciones, con contenidos que se han filtrado siempre a la prensa, ha producido hasta ahora pocos resultados positivos. Esto es, estamos ante mucho ruido y pocas nueces. Lo del caso de Kuczynski vuelve a probar esto que le menciono.
— ¿Ha habido más fuegos artificiales que otra cosa?
— Hasta ahora, parece que así es.
“La fiscal Benavides tiene diferentes varas para medir”
— La Fiscalía ha solicitado a la presidenta Boluarte declarar sobre las muertes ocurridas en las protestas. ¿Cree que este tema pueda avanzar de verdad? ¿O lo más probable es que se vuelva a configurar una situación de impunidad como en casos anteriores? ¿Los informes de la CIDH, por ejemplo, o el de Amnistía Internacional podrían presionar en un sentido para que haya justicia?
— Me sorprendería mucho que el caso de Boluarte avanzara algo en la Fiscalía. Ya nos ha mostrado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que tiene diferentes varas para medir. Fue muy celosa con el Gobierno de Pedro Castillo…
— Eso estuvo bien.
— Estuvo muy bien y en su momento nos felicitamos por ello, pero a partir de lo ocurrido en diciembre con las protestas, su actuación se ha vuelto negligente o remolona. Da la impresión de que está orientada políticamente por quienes apoyan a Boluarte en el cargo y condonan la actuación de las fuerzas del orden para contrarrestar las protestas. Repárese en que, a casi cinco meses de las muertes en Ayacucho y en Juliaca, no hay una sola persona sujeta a investigación por el Ministerio Público, y como ha señalado en términos tan claros Human Rights Watch, no se han hecho pericias en las armas utilizadas por el ejército y la policía, y en algunos casos ni siquiera se han hecho autopsias. Esa es ahora la actuación del Ministerio Público, cuya autonomía institucional declarada en la ley no se expresa en su actuación. Claro, alguien podría preguntarse ¿por qué entonces citan a declarar a la presidenta Boluarte? ¿Es un rasgo de independencia? No lo es. Es porque este Ministerio Público ahora tiene que “hacer algo” para salvar la cara frente al escándalo.
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— ¿Entonces es una pantalla?
— Claro. Sobre todo, por el escándalo internacional, que le preocupa al Gobierno. Pero son gestos de una institución encabezada por una persona que, no lo olvidemos, también tiene pies de barro: el caso de su hermana jueza, señalada por ser negligente o condescendiente con narcotraficantes, lo cual es muy serio. Y ni siquiera es seguro que existan las tesis que sustenten los grados académicos sobre los cuales fue nombrada en el cargo de fiscal de la Nación. De allí que se preocupe en hacer gestos como recibir al extraditado Alejandro Toledo, sin que su presencia en el aeropuerto fuera necesaria, o hacer una citación a Dina Boluarte que no va a tener consecuencias.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024